En el texto, los ediles justicialistas sostienen que ORI “afecta el rol del Estado como garante del derecho a la salud, desalienta el fortalecimiento de políticas públicas basadas en la presencia territorial y el abordaje interdisciplinario, especialmente frente a problemáticas críticas como el aumento de los suicidios en la provincia”. En ese marco, solicitan al Poder Ejecutivo provincial “la remisión de un informe detallado sobre la asignación presupuestaria en materia de salud mental, desglosado en recursos para herramientas tecnológicas, incluyendo la implementación de ORI y para el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, dispositivos territoriales y redes de atención directa”.
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El proyecto también pide datos sobre “programas específicos de prevención y abordaje del suicidio, en particular aquellos destinados a la Policía de Entre Ríos” y reclama al Ejecutivo “el diseño e implementación de una política integral de salud mental que priorice el fortalecimiento de la red pública de atención, la articulación con gobiernos locales y estrategias específicas de prevención”.
Los concejales argumentan que la puesta en marcha de ORI “se presenta acompañada por una amplia articulación de áreas del Estado provincial, que configura una sobreactuación institucional que proyecta una imagen de integralidad y coordinación”, pero advierten que esa articulación “construye una proyección de certeza en torno a la herramienta ORI que no aborda la complejidad del problema, funcionando más como un mensaje político que como una solución real”.
El bloque subraya además que la herramienta “instala la idea de que la crisis en salud mental puede ser abordada mediante dispositivos indirectos, despersonalizados o mediados tecnológicamente, desplazando el eje de la intervención estatal”, y remarca que “este desplazamiento no es neutro, sino que implica un mensaje simbólico profundo: el Estado deja de ser garante del cuidado para convertirse en un articulador de herramientas insuficientes”.
La nota recoge además respaldos y advertencias de entidades profesionales: “El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Entre Ríos manifestó su preocupación por la falta de información pública sobre el funcionamiento de la herramienta ORI, y la Federación de Psicólogos de la República Argentina “advirtió sobre el carácter inconsulto de la implementación de herramientas (como ORI), el riesgo de desubjetivación en los procesos de atención y la necesidad de fortalecer dispositivos con anclaje territorial”.
El proyecto cita también alertas internacionales: “UNICEF señaló los riesgos asociados al uso de chatbots en salud mental, especialmente en poblaciones vulnerables, y la OMS alertó sobre la magnitud creciente de los problemas de salud mental, particularmente en niños, niñas y adolescentes, destacando la necesidad de intervenciones tempranas, integrales y sostenidas por parte de los Estados”.
Por último, los concejales concluyen que la orientación observada en la provincia “no sólo presenta debilidades técnicas, éticas y operativas, sino que además configura un proceso de desplazamiento de la responsabilidad estatal, que se traslada como carga hacia la comunidad”, y reclaman que, en el marco del Día Mundial de la Salud, se priorice “la presencia estatal efectiva y sistemas de atención territorial” frente a soluciones tecnológicas.
