El Gobierno de Entre Ríos ha tomado una postura activa frente a la delicada situación que atraviesa la planta de Granja Tres Arroyos en la ciudad de Concepción del Uruguay. Durante la última reunión de gabinete en el Salón de los Gobernadores, que contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el mandatario provincial realizó un exhaustivo repaso de las medidas implementadas para contener un escenario complejo, originado por dificultades financieras de la firma y una escalada de conflictos laborales internos.
Desde el Poder Ejecutivo ratificaron que la prioridad absoluta es preservar las fuentes de trabajo y destrabar el conflicto. No se trata de la primera vez que la provincia media en esta situación; ya durante 2025 la gestión provincial había encabezado diversas mesas de negociación entre la empresa y los gremios para evitar la paralización de la actividad y asegurar tanto la continuidad operativa como el pago de los salarios.
Al término del encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, detalló que la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de oficio ante las medidas de fuerza gremiales motivadas por incumplimientos en los pagos de la empresa. El objetivo primordial de esta instancia es acercar nuevamente a las partes y lograr un cronograma de pagos que sea seguro, prudente y de posible cumplimiento por parte de la firma avícola.
Mientras se busca una salida de fondo a la parálisis laboral, el gobernador Frigerio dispuso que, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se brinde asistencia alimentaria de emergencia a las familias de los operarios afectados que hoy atraviesan una situación de vulnerabilidad.
En paralelo, se realizan gestiones directas ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las autoridades de la empresa y, de forma informal, con los sindicatos. Para abordar la problemática de manera integral, se conformó una mesa de trabajo interministerial en la que también participan la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la empresa de energía Enersa.
«Si bien se trata de una relación de trabajo en el sector privado, termina siendo una cuestión de Estado por los 900 puestos de trabajo involucrados; por eso el gobernador entiende que tenemos que estar presentes y al pie del cañón», subrayó el ministro Troncoso.
Por fuera de la agenda de la crisis avícola, la reunión de gabinete sirvió para celebrar un avance institucional considerado histórico para la provincia: la inminente firma del decreto que regulará los concursos en la administración pública.
Este nuevo reglamento, calificado por Troncoso como «una deuda pendiente de muchísimos años», establecerá por primera vez parámetros objetivos y transparentes tanto para el ingreso de personal al Estado como para la ocupación de plantas permanentes y cargos jerárquicos dentro del escalafón general, buscando garantizar la idoneidad en el empleo público entrerriano.
