- Por Enrique «Kike» Ríos – Dirigente del PJ, secretario de Desarrollo Humano de Paraná
La reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas destinadas a cubrir pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con enfermedades oncológicas vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo, ¿qué significa realmente garantizar un derecho?
Porque el problema no es solamente administrativo ni presupuestario. El problema aparece cuando el Estado sostiene discursivamente que el derecho continúa vigente, pero al mismo tiempo se retira de las herramientas concretas que permiten hacerlo efectivo.
La resolución aclara que las empresas de transporte deberán seguir otorgando pasajes sin cargo. Sin embargo, también elimina el esquema de compensaciones que existía desde 2018 para sostener parcialmente ese sistema. Y ahí surge una pregunta inevitable: ¿puede un derecho sostenerse únicamente sobre la obligación impuesta a privados, sin acompañamiento estatal, en un contexto de tarifas disparadas y creciente desigualdad?
El acceso al transporte no es un beneficio accesorio. Para miles de personas significa poder llegar a un tratamiento médico, asistir a controles, estudiar, trabajar o simplemente ejercer una vida con dignidad e integración. No se trata de un privilegio. Se trata de una condición básica para acceder a otros derechos.
Cuando el Estado se limita a fiscalizar pero abandona el financiamiento, el riesgo es claro, que el derecho exista en los papeles mientras en la práctica se multipliquen las dificultades, los cupos insuficientes, las trabas y las desigualdades territoriales.
La inclusión no puede quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado ni a la buena voluntad empresaria. Porque hay responsabilidades que son indelegables. Y entre ellas está la obligación estatal de garantizar que los sectores más vulnerables puedan acceder efectivamente a derechos esenciales.
En un país donde las provincias sufren tarifas cada vez más elevadas y donde el costo del transporte se vuelve una barrera cotidiana, retirar al Estado de este esquema no parece una modernización. Parece, más bien, otro paso en el corrimiento de políticas públicas que durante años buscaron equilibrar desigualdades profundas.
Los derechos no se garantizan solamente con declaraciones. También se garantizan con presupuesto, presencia y decisión política.
