El diputado Esteban Paulón, integrante del bloque del socialismo en Provincias Unidas, presentó este martes en el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a legalizar y regular la eutanasia y la muerte asistida en todo el territorio argentino. La iniciativa tiene como objetivo central establecer los mecanismos sanitarios y las normativas correspondientes para que aquellas personas que padecen enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos imposibles de tolerar, puedan acceder de forma voluntaria a lo que el texto denomina “Asistencia Médica para Morir”. De avanzar en el debate legislativo, la medida colocaría al país en una senda similar a la adoptada por otras naciones de la región, como Uruguay mediante el tratamiento parlamentario y Colombia a través de la vía judicial.
La propuesta legislativa apunta a regular un derecho que el autor del proyecto define como una de las determinaciones más íntimas y profundas que puede tomar un ser humano a lo largo de su vida. En los fundamentos de la norma se remarca que es responsabilidad del Estado no solo garantizar el acceso efectivo a este procedimiento dentro del sistema de salud público y privado, sino también velar por la absoluta libertad del paciente. De este modo, el andamiaje institucional deberá encargarse de proteger a la persona frente a cualquier tipo de presión o coacción externa, asegurando de punta a punta la dignidad en el tramo final de su existencia.
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De acuerdo con el texto ingresado a la Cámara Baja, la “Asistencia Médica para Morir” contempla dos modalidades diferenciadas de aplicación. Por un lado, se encuentra la eutanasia, conceptualizada como la administración directa de una sustancia letal al paciente por parte de un profesional de la salud debidamente calificado, siempre bajo una petición libre, informada y reiterada de la persona afectada. Por el otro, se introduce la figura de la muerte asistida, que consiste en la prescripción médica de la sustancia letal para que sea el propio paciente quien se la autoadministre de manera autónoma.
Para dotar de un marco de seguridadjurídica a la práctica, el proyecto impulsa una reforma clave en la legislación de fondo del país al proponer la incorporación del Artículo 83 bis en el Código Penal. Esta modificación establece explícitamente que no será punible el profesional de la salud que ejecute la asistencia médica para morir, siempre y cuando se cumplan de manera estricta los requisitos, plazos y salvaguardas fijados por la ley. La exención de responsabilidad penal se extiende además a los integrantes de los equipos de consejería y médicos consultores, aunque el texto aclara con firmeza que la despenalización no alcanzará a quienes actúen por fuera de los protocolos establecidos o ejerzan coerción sobre el solicitante. En sintonía con estas modificaciones, el proyecto también contempla reformas en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial de la Nación.
