El director por Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, en declaraciones a Canal 6 ERTV, analizó los temas que mayor preocupación y expectativa generan en el sector productivo por estos días. Desde la innovación tecnológica en los procesos agrarios hasta las alarmas sanitarias a nivel internacional y local, el referente dejó en claro la postura de la entidad ante el actual escenario técnico y legal.
Un hito técnico para la Federación Agraria
Martiarena comenzó destacando la realización de Pulso Tierra en la provincia de Córdoba, el primer congreso puramente técnico organizado por la FAA, que históricamente se había enfocado en debates de índole gremial y político.
El evento colmó las expectativas convocando a más de 750 participantes. El dirigente subrayó la importancia de este espacio para acercar la tecnología de procesos al productor medio: «A veces el productor mira la tecnología como cosas que vuelan o tractores que se manejan solos y la ve lejos de su chacra. Estas son tecnologías aplicadas que brindan un impacto sustancial a la producción que hacemos hoy», remarcó.
Preocupación por el esquema de vacunación de la Aftosa y la amenaza de nuevas cepas
El punto de mayor tensión sanitaria se focaliza en el nuevo cronograma del SENASA para la revacunación de terneros contra la fiebre aftosa. Martiarena precisó que la campaña de la segunda dosis comenzará el 8 de junio y finalizará el 10 de julio.
Sin embargo, el dirigente lanzó una dura advertencia sobre el bache inmunológico que este cambio provoca: «Acaba de quedar afuera más del 70% de los terneros que nacen en Entre Ríos y casi todo el litoral». Según explicó, muchos animales pasarán entre 9 y 10 meses sin cobertura de vacunación real, dependiendo únicamente de la inmunidad calostral de la madre, a menos que se fuerce una vacunación de egreso al momento de la venta, la cual resulta «menos certera por el estrés propio del movimiento». La FAA ya presentó las quejas pertinentes y espera que el próximo año se retome el esquema tradicional de marzo y octubre.
A este desajuste interno se le suma una preocupación global tras su reciente participación en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) en París. Martiarena alertó sobre la virulencia y rápida propagación de la cepa SAT1 de aftosa, causante de graves crisis ganaderas en Sudáfrica y que ya ha ingresado a tres países de la Unión Europea.
«Argentina no está cubierta con esa cepa», remarcó, advirtiendo sobre el riesgo de transmisión por fomites a través del intenso tráfico de containers. «No sea cosa que haciendo el esfuerzo que hacemos los productores de cerrar la hacienda y los entes sanitarios, nos comamos un foco con un virus que no cubrimos», alertó.
Distancias de fumigación: duro cruce a la Justicia entrerriana
Finalmente, Martiarena fue categórico al calificar como «una locura» y una «irresponsabilidad terrible» el reciente fallo judicial que dio marcha atrás con las distancias de pulverización vigentes en la provincia, restableciendo los límites anteriores.
En la sentencia, la vocal María Fernanda Miotti ordenó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones agroquímicas o fitosanitarias por medios terrestres y aéreos. Para las aplicaciones terrestres, dispuso una distancia mínima de 1.095 metros; para las aplicaciones aéreas, en cualquier modalidad, fijó una distancia mínima de 3.000 metros.
En ese marco el dirigente defendió la ley provincial que fue derogada de facto por la decisión de una jueza, recordando que la normativa demandó más de dos años de debate, análisis exhaustivo y rigurosas pruebas de campo con científicos para evaluar las derivas.
«¿Qué seguridad jurídica tenemos en la provincia? La ley tuvo consenso, sustento técnico, y no se puede en tres meses decir que no sirve», protestó. El federado criticó los pormenores del caso testigo que originó el fallo: «El productor cumplió con la ley, avisó 48 horas antes, presentó la receta agronómica. La comuna avisó a la población, una persona hizo la demanda y la aplicación nunca se hizo. Acá nadie contaminó a nadie», sostuvo.
Para concluir, Martiarena instó al Gobierno provincial a actuar con firmeza y apelar la medida, deslizando además una sospecha económica de fondo tras el fallo judicial: «A mí me da que pensar que tal vez nuestra jueza tenga bastante presión inmobiliaria, porque esos campos valen mucho más si son loteados a que si son producidos». (Informe Litoral)
