El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta finales de 2026, pero dejó en suspenso su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. La medida se oficializó este lunes a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. La decisión, adelantada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se basa en la preocupación por el impacto fiscal que la ley podría generar en las cuentas del Estado.
Impacto fiscal y justificación del Gobierno
Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, la implementación de la ley generaría un gasto de más de $3 billones de pesos en 2025, equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI). Este monto incluye la creación de una nueva pensión y costos adicionales para programas como “Incluir Salud”. El Gobierno argumenta que el Congreso «omitió indicar de manera fehaciente» cómo se financiarán estos gastos, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera (Ley N° 24.156), que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar las fuentes de recursos.
A pesar de que el Ejecutivo había vetado la ley previamente por estos mismos motivos, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron en su sanción, obligando al Gobierno a promulgarla en cumplimiento de la Constitución Nacional. No obstante, el Ejecutivo decidió suspender su aplicación, argumentando que el presupuesto actual no cuenta con los fondos suficientes para afrontar el gasto, y que un aumento solo puede ser autorizado por el Congreso.
Ajuste presupuestario para la atención de la discapacidad
En paralelo a esta medida, el Gobierno realizó un ajuste en el Presupuesto 2025 para reforzar la atención a las personas con discapacidad. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso una modificación presupuestaria que incrementa los fondos asignados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este ajuste busca responder al reclamo de actualización de los prestadores del sistema de atención y regirá a partir del 1° de octubre.
La medida responde a la necesidad de adecuar el presupuesto vigente para afrontar gastos impostergables en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. A pesar de la suspensión de la Ley 27.793, el Gobierno avanza con esta readecuación para dar una respuesta inmediata a las necesidades del sector, mientras espera que el Congreso defina las partidas presupuestarias necesarias para la plena ejecución de la ley.
