En una decisión estratégica para abordar el aumento «descontrolado» de la población canina, el Concejo Deliberante de una localidad sancionó la ordenanza N° 1.515. La nueva norma modifica una regulación de 2007, adaptándose a los problemas actuales causados por perros sueltos, que van desde accidentes y ataques hasta la transmisión de enfermedades y daños a la biodiversidad local.
La ordenanza establece «presupuestos mínimos de protección ambiental y sanitaria» que promueven una gestión poblacional ética y sostenida. Según la concejal Valeria Rodríguez, el objetivo es «no solamente para evitar que los animales sufran ciertas circunstancias de maltrato», sino también «para que nos dé los límites necesarios para vivir todos en comunidad y armonía».
La nueva legislación impone multas por incumplimiento, que pueden alcanzar la mitad de un salario mínimo vital y móvil (SMVM), una cifra que la edil calificó como «elevada». Rodríguez justificó la medida al señalar que la falta de cumplimiento de las normativas anteriores ha generado «situaciones lamentables, con pérdidas humanas por agresión de animales». La norma también exige a las personas mordidas por un animal presentar una exposición policial y un certificado médico, responsabilizando al dueño por los gastos médicos o veterinarios.
La ordenanza incluye un ítem sobre «manejo poblacional» que abarca estándares de tenencia responsable, registro, esterilización de mascotas y la vigilancia epidemiológica. Entre las nuevas obligaciones, se determina que los perros con antecedentes agresivos deben circular con correa corta y bozal.
Además, la norma aborda un problema común: los excrementos en la vía pública. Los dueños tienen la obligación de recoger las deposiciones de sus animales, y el municipio se compromete a realizar campañas de concientización y a colocar carteles en espacios públicos para promover esta práctica.
El texto también prohíbe dejar a los animales solos por lapsos que pongan en riesgo su vida o bienestar, y exige a los tenedores de mascotas garantizarles alimentación, vacunación, esterilización y atención veterinaria adecuada. La ordenanza busca mitigar el impacto de los perros asilvestrados en la salud pública y el medio ambiente, y establece que quienes la incumplan serán sancionados. (Ahora Entre Ríos)
