Argentina concretó de manera oficial su desvinculación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras cumplirse el año de espera requerido por la Convención de Viena desde la notificación inicial. Esta medida, que responde a una redefinición de la estrategia sanitaria internacional del Gobierno nacional, implica el cese del pago de la cuota anual estimada entre cuatro y cinco millones de dólares. El argumento técnico central para esta salida se basa en la búsqueda de una mayor autonomía en la gestión de políticas públicas, tras las diferencias de criterio surgidas durante la administración de la crisis sanitaria por el COVID-19.
A pesar de abandonar el ente mundial, las autoridades confirmaron la permanencia de Argentina en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta decisión es estratégica, ya que permite al país seguir accediendo al fondo rotatorio para la compra de vacunas, un sistema que garantiza precios más bajos mediante adquisiciones en bloque junto a otros países de la región. De esta manera, el sistema de inmunización local no se verá afectado, manteniendo la provisión de dosis y la asistencia técnica regional que brinda este organismo dependiente de la OEA.
En cuanto al financiamiento de proyectos sanitarios, especialistas señalan que la salida no representa un riesgo inmediato de descapitalización, dado que los créditos de salud suelen provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no directamente de la OMS. Para compensar la desconexión global, el plan gubernamental consiste en reforzar la vigilancia epidemiológica mediante acuerdos bilaterales con naciones vecinas. Esto permitiría mantener el flujo de información sanitaria en tiempo real y la cooperación técnica necesaria para enfrentar futuras emergencias sin la intermediación del organismo con sede en Ginebra.
