El presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario horas después de la marcha en defensa del presupuesto para la educación pública. El Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece los principales motivos de la decisión de la Casa Rosada al señalar, entre otras cosas, que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional”.
Entre los considerandos del decreto también se advirtió que la eventual “aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)”.
En el documento se indica que “el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado”. Por esta razón, su implementación “demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.
El escrito también postuló que la administración de los recursos públicos “debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración”. Y se advirtió que el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
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Otro de los fundamentos expresados en el Boletín Oficial fue que “la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional”. En este sentido, se remarca que los incrementos salariales deben resolverse a través de la negociación colectiva.
El presidente Milei y los funcionarios Guillermo Francos, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona firmaron el decreto en el que se cita el reglamento de la Cámara de Senadores, que establece, siempre de acuerdo al Boletín, que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”.
“En atención a la falta de claridad de las disposiciones sancionadas, se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de PESOS UN BILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA ($1.516.944.675.060)”, esgrimieron en segundo término.
A su vez, se subrayó que dar cumplimiento “a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”. En esa línea, el decreto reflejó que “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
Por otro lado, el veto subraya que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental”. En este sentido, el Gobierno asegura que el financiamiento de las universidades debe discutirse en el marco del presupuesto general, en lugar de mediante leyes específicas como la propuesta vetada.
El decreto también hizo referencia al impacto que la ley tendría en los salarios, al afirmar que “la recomposición y actualización salarial del personal docente y no docente implicaría la utilización del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%) de la totalidad del presupuesto restante con el que cuenta la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO”.
Por último, el decreto concluye que “la promulgación del proyecto de ley por parte implicaría desconocer la plena voluntad negocial de los actores colectivos”. En esta línea, se reafirma que el financiamiento debe ser discutido en el momento de la sanción del Presupuesto Nacional correspondiente.
