Ante la inminente campaña política del 2023 y la reiteración de los ya conocidos abusos del espacio público con el mal uso de elementos de propaganda electoral, desde el Bloque Políticas para la República, los concejales Emiliano Murador y Anabel Beccaría, volvieron a presentar el proyecto de ordenanza con modificaciones, el que tomará estado legislativo en la próxima sesión del Concejo Deliberante, llamado “Campaña Política Limpia”.
El 2023 será un nuevo año electoral y en relación a este suceso es que desde Políticas para la República se busca controlar, limitar, regular e imponer sanciones a quienes transgredan los puntos enunciados en el proyecto de norma. Sostienen que para lograr la efectividad de esta propuesta, es necesario concientizar y hacer partícipe en su implementación a los partidos políticos en su accionar propagandístico y a las organizaciones civiles en el proceso de identificación, recolección y limpieza de la propaganda política indebida en el mobiliario urbano.
La propuesta presentada por el Bloque PR tiene por finalidad mitigar la contaminación visual y material del ambiente, como así también cuidar y proteger el espacio público, específicamente en períodos electorales por el uso excesivo de materiales contaminantes y degradantes en los elementos del mobiliario y equipamiento urbano, bienes de uso y disfrute de todo el conjunto social.
Los ediles expresaron que la propuesta establece que queda prohibida la propaganda política partidaria con métodos y materiales tales como la fijación, el pintado, la inscripción de pinturas, aerosoles y todo otro material de difícil remoción, y también la utilización de cualquier tipo de material sobre monumentos, fuentes, edificios públicos, garitas o paradas de colectivos, cartelería de señalización de la vía pública, semáforos, columnas de alumbrado público, cestos o contenedores de residuos, arbolado, y todo otro elemento del mobiliario y equipamiento urbano.
En caso de incumplimiento de las determinaciones y prohibiciones establecidas, la persona física o jurídica responsable de las acciones cometidas recibirá sanciones económicas por un monto basado en una estimación de los costos en que hubiese incurrido el municipio en el retiro de los elementos contaminantes, según lo disponga el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Paraná.
