En el marco de una nueva fase de reformas económicas, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en un paquete de medidas que busca eliminar barreras burocráticas en sectores clave. El objetivo del equipo económico de Javier Milei es reducir los costos de transacción y fomentar la libre competencia, permitiendo que los acuerdos entre privados prevalezcan sobre las normativas que hoy rigen la intermediación inmobiliaria, el sistema de seguros y el mercado de capitales.
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La iniciativa más disruptiva apunta directamente al sector de bienes raíces, donde el Ejecutivo prepara la eliminación de la matrícula profesional obligatoria y del requisito de título universitario para ejercer el corretaje. Bajo esta nueva lógica, la actividad pasaría a ser considerada un servicio comercial, quitando a los colegios profesionales el monopolio del control y las sanciones. A esto se suma el impulso a la digitalización total de las escrituras, permitiendo transferencias de dominio remotas, y la desregulación de los aranceles notariales para que los honorarios de los escribanos dejen de ser fijos.
En sintonía con esta apertura, el programa también contempla cambios profundos en el sector de seguros y financiamiento. El Gobierno nacional planea habilitar a entidades financieras para emitir seguros de caución, rompiendo la concentración actual de las aseguradoras tradicionales para facilitar el acceso a garantías de alquiler más baratas. Asimismo, se simplificarán los requisitos para la emisión de acciones y bonos por parte de privados, buscando que las empresas puedan captar ahorro de forma directa y con trámites administrativos mínimos.
A pesar del optimismo oficial sobre la baja de costos, la medida ya genera tensiones con los sectores colegiados, quienes defienden la matrícula como una garantía de seguridad jurídica para el consumidor. Mientras los promotores de la desregulación sostienen que la competencia beneficiará a compradores e inquilinos, las cámaras inmobiliarias advierten que la pérdida de estándares profesionales y el avance sobre potestades provinciales podrían derivar en una fuerte judicialización de la norma una vez que sea publicada oficialmente.
