En un vuelco clave para el ámbito previsional y tributario, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la decisión de no apelar más las sentencias judiciales que declaran la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias sobre los haberes jubilatorios. La medida, establecida mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, marca el fin de una larga batalla legal y determina que los representantes fiscales deberán consentir los fallos favorables a los pasivos, e incluso desistir de los recursos extraordinarios y de queja que ya se encuentren en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.
El argumento central del organismo para activar este cambio de postura es estrictamente económico y operativo: evitar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional. Tras años de rechazos sistemáticos a los planteos del Estado, continuar con los litigios solo generaba gastos innecesarios en concepto de costas y honorarios. De esta manera, el fisco reconoce que la estrategia judicial sostenida hasta el momento carecía de viabilidad ante un máximo tribunal que se mantuvo inflexible en su postura de proteger los ingresos de la clase pasiva.
La piedra angular de este viraje es el célebre fallo «García, María Isabel c/ AFIP», dictado por la Corte Suprema en marzo de 2019. En aquel proceso, que involucraba a una jubilada de 79 años con problemas de salud cuyas retenciones alcanzaban casi un tercio de sus ingresos, el tribunal determinó que el envejecimiento y la discapacidad son factores de vulnerabilidad que exigen una protección constitucional diferenciada, por lo que no se puede aplicar una carga tributaria estándar sin considerar estas variables. A pesar de los parches legislativos posteriores, la Corte ratificó reiteradamente que los cambios en Ganancias seguían teniendo un carácter patrimonial y no contemplaban la vulnerabilidad bioceánica de los adultos mayores.
La nueva directiva de ARCA no será universal, ya que contempla excepciones puntuales. Los abogados del Estado continuarán litigando en aquellos expedientes donde se detecte una falta de legitimación activa —como demandas iniciadas por asociaciones o colegios profesionales en lugar de individuos— o cuando se presenten particularidades fácticas que permitan proyectar un resultado diferente. Asimismo, el organismo aclaró que seguirá discutiendo la regulación de honorarios y costas con el fin de mitigar el impacto financiero sobre las arcas públicas.
Este paso administrativo de ARCA expone, además, una deuda legislativa de fondo. Desde el año 2019, la Corte Suprema viene exhortando al Congreso de la Nación a dictar una ley específica que brinde un tratamiento tributario diferenciado y equitativo para los jubilados en situación de vulnerabilidad. Ante la persistente ausencia de un marco normativo actualizado por parte del Poder Legislativo, el fisco optó por asimilar la doctrina judicial vigente, cerrando un ciclo de apelaciones automáticas y abriendo un escenario de mayor certidumbre para los miles de jubilados que reclaman por la integridad de sus haberes.
