El Gobierno Nacional decidió aplicar un incremento en los derechos de exportación para el petróleo crudo convencional, elevando la alícuota del 3,36% al 8%. Esta medida responde de manera directa a la fuerte suba del precio del crudo Brent, que volvió a perforar el techo de los USD 100 por barril impulsado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. A través de este ajuste, la Secretaría de Energía busca amortiguar el impacto del encarecimiento internacional en el mercado interno, intentando que las operadoras prioricen el abastecimiento de las refinerías locales a precios más competitivos para reducir la presión inflacionaria sobre la nafta y el gasoil.
La disposición afecta principalmente a la producción extraída en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, regiones que concentran el grueso de los yacimientos maduros del país, con especial énfasis en la Cuenca del Golfo San Jorge. La suba representa una recalibración del esquema de retenciones móviles implementado a fines de enero, el cual originalmente buscaba estimular la inversión en campos convencionales. Mientras que a fines de febrero se había fijado una tasa del 3,36% basada en un barril de referencia de USD 71,30, la brusca escalada del mercado global obligó al Ejecutivo a endurecer la carga impositiva para evitar un traslado directo a los surtidores domésticos.
A pesar de la mayor presión fiscal, fuentes oficiales sostienen que la estrategia busca alcanzar un equilibrio entre la contención de los precios internos y la sostenibilidad de la producción en yacimientos convencionales. Con el Brent consolidado por encima de los tres dígitos, la medida se convierte en una herramienta crítica de política energética para frenar los efectos de un shock externo sobre la economía local. El sector privado, por su parte, sigue de cerca la evolución de este mecanismo variable, ya que la rentabilidad de los campos maduros depende de la relación directa entre el costo de extracción y el precio neto percibido tras el pago de estos tributos.
