La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dictó una dura medida institucional tras el aberrante episodio de maltrato animal ocurrido en Bahía Blanca, el cual generó un fuerte repudio en las redes sociales y la comunidad en general. A través de la Resolución N° 293/2026, el Consejo Directivo de la Facultad Regional resolvió abrir un juicio académico y suspender de forma preventiva a Juan Bautista Bravo, el estudiante de primer año de la Tecnicatura Universitaria en Programación que fue filmado junto a otro joven atacando a un coipo en la vía pública.
El hecho que motivó la sanción se conoció públicamente el fin de semana pasado, luego de que se viralizara un video en el que se observa a Bravo y a Imanol Santerre —ambos de 18 años y oriundos de Coronel Suárez— propinando patadas a una nutria criolla de unos 60 centímetros en la calle Paraguay al 500. El animal estaba siendo buscado por el personal de Zoonosis para su rescate. Ante la gravedad de las imágenes, la presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal, Morena Loncaric, radicó una denuncia penal que dio inicio a la investigación judicial.
Estos HDP son los que mataron la nutria qué se encontraba perdida en Bahía Blanca….compartan pic.twitter.com/grLXoRtu4l
— El Quinto Poder (@Elquintopoder5) June 9, 2026
La reacción de las autoridades universitarias fue inmediata. El decano de la Facultad Regional Bahía Blanca, Alejandro Staffa, confirmó que la conducta fue calificada como «repudiable e impropia» y que el caso se encuadró en el Reglamento de Disciplina para Alumnos. Si bien el ataque ocurrió fuera de las instalaciones educativas, la institución consideró que este comportamiento atenta directamente contra los valores de preservación de la vida que promueve la universidad. El tribunal académico, compuesto por docentes, graduados y estudiantes, evaluará la situación y podría dictar sanciones que van desde un apercibimiento hasta la exoneración definitiva del alumno. Mientras dure este proceso, Bravo no podrá asistir a clases.
En el plano judicial, la situación de los implicados se tornó aún más compleja en las últimas horas. La fiscal Marina Lara y el secretario de la fiscalía general, Santiago Garrido, decidieron ampliar la imputación inicial por maltrato animal. Además de violar la Ley 14.346, se les sumó el delito de violación a la ley de conservación de fauna N° 22.421, debido a la especie del ejemplar atacado.
El agravamiento de la carátula tiene un impacto directo en el futuro procesal de los jóvenes. Al incluir la ley de conservación de fauna, la cual contempla penas accesorias de inhabilitación, Bravo y Santerre quedaron inhabilitados para solicitar la suspensión de juicio a prueba, beneficio conocido como probation. Al perder la posibilidad de realizar tareas comunitarias o pagar una multa para extinguir la causa, los imputados deberán enfrentar de forma obligatoria un juicio oral, lo que podría dejarles antecedentes penales definitivos en caso de recibir una condena de prisión en suspenso.
Como parte de las medidas de prueba, la Justicia ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los sospechosos para peritar las conversaciones y obtener las filmaciones originales. Asimismo, los investigadores siguen el rastro de un tercer implicado, quien habría retirado el cuerpo del animal del lugar del hecho y podría ser imputado por el delito de encubrimiento. Desde el entorno de la organización ambientalista que impulsó la denuncia solicitaron a la comunidad dejar actuar a las autoridades correspondientes y evitar cualquier tipo de justicia por mano propia.
