La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras las duras declaraciones de la senadora Patricia Bullrich contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora cuestionó públicamente la explicación del funcionario sobre el crecimiento de su patrimonio, luego de que este reconociera no haber declarado más de 500 mil dólares obtenidos entre 2013 y 2018 mediante operaciones con bitcoins. Para la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, el accionar representa una «omisión ética» que contradice la premisa del Gobierno de mantener la moral como política de Estado.
La controversia se originó a partir de la última declaración jurada de Adorni, donde informó la incorporación de 513.000 dólares al patrimonio familiar. Al intentar justificar la ausencia previa de estos activos, el ministro argumentó que provenían de ahorros personales no registrados y pronunció una frase que encendió el debate político: «Ahorramos en negro como todos los argentinos». Estas palabras no tardaron en generar repercusiones negativas y reavivaron los reclamos de transparencia por parte de la oposición y de sectores propios de La Libertad Avanza.
Ante este escenario, Bullrich expuso la posibilidad de que el funcionario enfrente cargos por «omisión maliciosa», un delito que contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los reproches de la senadora se conocieron minutos antes de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, cita a la que había sido convocada y que expone las marcadas diferencias sobre cómo abordar la situación judicial y política del jefe de ministros. Como contrapartida, y buscando dar una señal de transparencia, la propia legisladora difundió el detalle de sus bienes e ingresos en las últimas horas.
A pesar del cimbronazo interno, el presidente Javier Milei y otros miembros del Gabinete manifestaron su apoyo público a Adorni, considerando que las explicaciones brindadas sobre el origen de los fondos son suficientes para despejar las sospechas. No obstante, la postura inflexible de la senadora al señalar que «será la Justicia la que tendrá que determinar» el futuro del caso deja un escenario abierto. En los próximos días podrían presentarse requerimientos judiciales formales en torno a la evolución patrimonial del vocero, en un contexto de creciente incomodidad de cara a las definiciones electorales (Con información de Infobae).
