Un nuevo episodio de presunto maltrato animal encendió las alarmas en la comunidad y reavivó los reclamos en torno a la tracción a sangre en la ciudad. Una vecina radicó una denuncia ante la Policía tras presenciar cómo un caballo era utilizado para transportar una carga de excesivo peso, compuesta por partes de un automóvil desguazado, lo que provocó un severo esfuerzo y sufrimiento en el equino.
El hecho se registró el último jueves en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle José María Bértora. Según constató la exposición policial, dos hombres cargaron la mitad de la carrocería de un vehículo que se encontraba abandonado en la vía pública sobre un carro tirado por el animal. Tras realizar un primer viaje, los individuos regresaron al lugar con la intención de llevarse la estructura restante. Ante esta situación, la testigo decidió alertar a las fuerzas de seguridad, lo que motivó que los involucrados se dieran a la fuga junto al equino antes del arribo de los efectivos policiales.
La denunciante aportó datos sobre el presunto propietario del caballo, quien residiría en el barrio Benetti, y solicitó la intervención urgente de las autoridades locales para resguardar la integridad del animal, requiriendo de forma expresa que se evalúe el secuestro y retiro del equino de manos de su poseedor.
A raíz de este acontecimiento, diversas organizaciones proteccionistas emitieron un comunicado conjunto para manifestar su preocupación y malestar por la persistencia de estas prácticas de explotación urbana. Desde los colectivos vecinales y de bienestar animal señalaron que se mantuvieron sucesivas reuniones con funcionarios del gobierno municipal, entre ellos Ivana Zeca y Juan Olano, quienes asumieron compromisos institucionales para dar cumplimiento a las normativas vigentes, aunque criticaron la falta de respuestas actuales y el hermetismo frente a las demandas.
La controversia radica en que la ciudad ya cuenta con la Ordenanza Número 12.837, sancionada por unanimidad en el año 2023 por el Concejo Deliberante. Dicha normativa dispuso la creación del Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, diseñado con el objetivo de erradicar de forma progresiva el uso de caballos en el ejido urbano. La iniciativa contempla un esquema de reconversión laboral para las familias que dependen de este sustento, previendo capacitaciones técnicas y la entrega de motocarros como alternativa de transporte, además de regular el destino y cuidado de los equinos recuperados.
A pesar de que el texto de la norma estableció un plazo perentorio de 12 meses para su ejecución e implementación plena, los sectores sociales advierten que las herramientas de control y sustitución económica aún no se encuentran operativas en su totalidad, motivo por el cual exigen que la prohibición formal de la tracción a sangre se traduzca de una vez en medidas efectivas en el territorio.
