La cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto de Jorge Monge (Cambiemos). Se promueve la remoción y eliminación de todos los materiales elaborados con mineral de amianto o asbesto en cualquiera de sus manifestaciones, en todos los edificios e instalaciones públicas y privadas de la provincia.
Según la iniciativa, se establece también que la Secretaría de Ambiente de la Provincia será la autoridad de aplicación de esta ley y, deberá, además, desarrollar y aprobar un «Plan de Retirada de Materiales con Amianto, tratamiento y disposición final» que tendrá que aplicarse gradualmente en la Provincia sobre bienes públicos y privados. Deberá diseñar y llevar adelante una campaña de concientización sobre la problemática.
La Secretaría queda facultada para celebrar convenios de investigación y cooperación tendiente a la aplicación del Plan previsto en el art. 2º) con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales.
Especifica asimismo que las acciones del plan de desamiantización deberán comenzar por los establecimientos asistenciales y educativos, y dentro de estos, por las instalaciones sanitarias. En caso de detectarse materiales con amianto en viviendas de interés social se procederá conforme el procedimiento que prevea el plan a elaborarse por la Secretaría de Ambiente, para su retiro, tratamiento y disposición final.
Cañerías de agua potable
El sexto artículo de la iniciativa del diputado Monge, indica que la provincia deberá dar absoluta prioridad, respecto de las inversiones que realice en materia de obras básicas vinculadas al servicio de agua potable, conforme lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 6643, a la remoción y reemplazo de las cañerías de distribución de agua potable en los municipios y comunas que posean caños con mineral de amianto.
El gobierno de la provincia podrá otorgar a los particulares «financiamiento” a tasa pasiva destinado a cubrir los costos generados por la aplicación del Plan, en cualquiera de sus etapas, priorizando los casos de viviendas de interés social.
Por su condición de “residuo peligroso” en las tareas de “desamiantado” deberán seguir las normas de trabajo seguro aprobadas por la autoridad de aplicación.
Las personas que participen de las tareas de “desamiantado” deberán contar con indumentaria adecuada, formación y adiestramiento específicos.
El amianto o asbesto es considerado un potente “residuo peligroso”. Está incluído como tal en la Ley Nacional nº 24.051 que regula el tratamiento, eliminación y disposición final de los “residuos peligrosos” y su Decreto Reglamentario nº 831.
Le alcanzan, también, las normas de la Ley Nacional nº 25.675 que establece Presupuestos Mínimos en materia de Política Ambiental. Su uso está prohibido por Resolución nº 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación. Esta prohibición, a partir de diciembre del año 2000, alcanza a la importación, producción, comercialización. Desde septiembre del año 2001 la prohibición se extendió a la venta de filtros, juntas, pinturas, pastas y selladores que contengan “crisolito”, una de las variedades del amianto. En enero del año 2003 el amianto o asbesto se prohibió totalmente en territorio argentino con expresa delegación del Poder de Policía por la Nación a los gobiernos de Provincia.
