La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, otorgando una victoria legislativa clave para el Gobierno de La Libertad Avanza y las provincias con potencial minero. Con 137 votos a favor, el oficialismo junto al PRO, la UCR y bloques aliados, logró convertir en ley la iniciativa que modifica los criterios de protección ambiental vigentes desde 2010. El cambio central de la norma aprobada radica en la flexibilización de las condiciones para explotar recursos en zonas periglaciales, estableciendo que solo se preservarán aquellos cuerpos de hielo que cumplan una función hídrica específica y comprobada.
La nueva ley representa un giro en la política extractiva nacional al otorgar mayor autonomía a las provincias para realizar sus propios estudios técnicos y determinar el uso de sus suelos. Durante el debate, los defensores de la reforma sostuvieron que la legislación anterior actuaba como una barrera «arbitraria» que frenaba inversiones millonarias y la creación de empleo en el interior del país. En este sentido, el oficialismo destacó que la medida busca armonizar el desarrollo económico con el cuidado del entorno, asegurando que los glaciares principales del inventario nacional no perderán su estatus de protección.
Por el contrario, la oposición y diversos colectivos ambientales manifestaron un rechazo absoluto, calificando la sanción como un retroceso institucional y ambiental sin precedentes. Diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda advirtieron que la ley es «regresiva» y que pone en peligro las reservas estratégicas de agua dulce frente al avance de las corporaciones mineras. A pesar de las advertencias sobre la futura judicialización de la reforma, la aprobación en el Congreso marca el inicio de un nuevo esquema regulatorio donde el control sobre los recursos naturales se traslada de la órbita nacional a las jurisdicciones provinciales.
