Desde este 15 de enero, los teléfonos móviles importados que ingresen a la Argentina dejarán de estar alcanzados por aranceles aduaneros. La disposición, establecida en el Decreto 333/2025, elimina el impuesto que ya había sido reducido del 16% al 8% en mayo pasado, completando así el proceso de apertura para este sector.
Fuentes del mercado estiman que la eliminación del tributo se traducirá en una baja de precios cercana al 10% para el consumidor final. Sin embargo, aclararon que el impacto pleno se percibirá recién en febrero, una vez que los nuevos cargamentos completen los procesos logísticos de ingreso al país.
Precios locales vs. Contrabando
A pesar de este alivio fiscal, los empresarios advierten que Argentina seguirá teniendo dispositivos más costosos que sus vecinos o Estados Unidos. La persistencia del IVA y los impuestos internos mantiene una brecha de precios del 40% con el mercado internacional.
Esta diferencia de valores alimenta un mercado paralelo que preocupa al sector: actualmente, uno de cada tres celulares vendidos en el país proviene del contrabando. Los referentes de la industria señalan que la quita de aranceles es un paso positivo, pero insuficiente por sí sola para erradicar el ingreso ilegal de equipos.
Tierra del Fuego busca sostener la competitividad
La medida también genera repercusiones en la industria radicada en Tierra del Fuego. Se prevé que los equipos ensamblados en la isla también registren bajas de entre el 10% y el 15%, impulsadas por cambios impositivos previos y la necesidad de las empresas de reactivar un consumo que se encuentra deprimido.
No obstante, el sector industrial mira con cautela el nuevo escenario:
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Competencia directa: la eliminación de aranceles deja a la producción nacional frente a una competencia más agresiva de los equipos importados.
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Sostenibilidad: si bien la producción local sigue siendo rentable, las empresas evalúan el impacto a largo plazo sobre el empleo y el modelo productivo.
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Medidas oficiales: el Gobierno ha implementado un régimen simplificado para la isla con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del sector.
Este nuevo esquema impositivo plantea un interrogante sobre el futuro del mercado tecnológico nacional, en un equilibrio constante entre el beneficio al consumidor y la protección de la capacidad industrial instalada.
