Sergio Varisco, a través de su hija, la diputada provincial Lucía Varisco, interpuso una demanda en el Consejo Nacional de la Magistratura contra los camaristas federales Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, acusándolos de mal desempeño al tratar la apelación a la condena por comercio de estupefacientes que recibió el ex intendente de Paraná.
Quien se refirió al tema fue el mediático abogado Miguel Ángel Pierri, quien enmarcó la condena al ex intendente de Paraná en el «lawfare» que, según consideró «fue una estrategia continental, donde sectores de la mala política se dedicaron a armar causas contra aquellos que no siguieran sus designios».
Consideró en tal sentido que «cuando nos introducimos en la causa de Sergio Varisco, evidentemente, tiene la pata indiscutible de la política delictual», a la vez que se explayó: «Esta causa relacionó a Varisco con otras personas que tienen su vinculación con la ley penal, a quienes él conocía de la actividad política». Y ejemplificó: «No se puede ocultar que Celis, más allá de sus actividades reprochables, era un cuadro político».
«El tiempo indica que por aquellos días, no eran tiempos fáciles, y no sé hasta dónde hubieran sido escuchados quienes defendían a Varisco. Y uno se da cuenta que todos los planteos de la defensa caían en saco roto. Le diría que desde que se inicia la investigación, estaba sentenciado», manifestó Pierri, a la vez que hizo notar que mientras avanzaba la causa tenía lugar «la condena pública», indicó Pierri al programa «Esto no es TV» de Radio La Voz.
Sobre este punto en particular expresó que «se crea un estigma de la condena social, a través del lawfare. Eso solo se entiende cuando se sufre en carne propia. Por eso estamos en una lucha de lograr un acto justo. Todos sabemos que Varisco fue juzgado por una actividad de financiamiento del narcotráfico, y sin embargo, cuando se lo condena, se lo condena por vender droga, por comercializar», argumentó.
