La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave en el debate del proyecto de ley de readecuación del régimen de «zona fría», una iniciativa impulsada por el oficialismo que tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas. De acuerdo al texto de la propuesta, los objetivos principales son «la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y el ordenamiento de las cuentas públicas».
Según detalló la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, las modificaciones estructurales en el sistema provocarán que 1.600.000 usuarios pierdan el subsidio. Por el contrario, unos 1.800.000 usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) conservarán el beneficio y tendrán un «descuento superior al 75%» sobre el consumo de gas durante los meses invernales. Además, el nuevo esquema incorporará formalmente la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel para las regiones alcanzadas.
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La reforma acotará el beneficio territorial exclusivamente a los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas zonas de frío extremo. Desde el bloque de La Libertad Avanza argumentaron que la ampliación del régimen aprobada en 2021 a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner— elevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales del país, incluyendo a sectores de alto poder adquisitivo. Con este cambio, el Gobierno estima un ahorro fiscal de entre 200 mil millones y 460 mil millones de pesos.
A partir de la sanción de la ley, el beneficio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura (que incluye el cargo fijo) y pasará a subsidiar únicamente el metro cúbico de consumo de gas natural. La política de asistencia seguirá vigente para los hogares socioeconómicamente vulnerables con ingresos de hasta tres canastas básicas, familias con algún integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios del Renabap.
El proyecto de ley no se limita al gas, sino que también introduce modificaciones para el sector eléctrico y petrolero. Por un lado, crea un mecanismo para condonar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria, con la condición de que las empresas desistan de todos sus reclamos judiciales en curso.
Finalmente, la normativa prevé prorrogar hasta 2045 la exención impositiva para las energías renovables cuyo vencimiento original estaba pautado para 2025 y deroga los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos que habían sido creados en los años 2013 y 2022.
