En un contexto de inflación y constante erosión del poder adquisitivo, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por el neuquino Pablo Todero, presentó un proyecto de ley clave para aumentar la transparencia en el mercado de combustibles. La iniciativa busca terminar con los «golpes sorpresa» de precios que, según los legisladores, exacerban la inflación y la incertidumbre.
El proyecto, presentado en la Cámara Baja, exige que las empresas petroleras y abastecedoras notifiquen con un mínimo de 72 horas de antelación cualquier variación en los precios de naftas, gasoil y GNC.
Los plazos y la transparencia obligatoria
El articulado establece dos plazos clave para la notificación de aumentos:
- 72 horas de antelación mínima a las estaciones de servicio y a la Autoridad de Aplicación designada por el Poder Ejecutivo.
- 48 horas de antelación mínima a los consumidores, incluyendo un detalle exhaustivo del porcentaje, la fecha y la justificación técnica y económica del cambio.
La ley obligaría a las petroleras a difundir la información por múltiples canales: en sus sitios web, en carteleras visibles en las estaciones de servicio y en al menos dos medios de comunicación de alcance nacional.
Se prevén duras sanciones por incumplimiento, alineadas con la Ley de Defensa del Consumidor, que van desde multas millonarias (entre 10 y 10.000 salarios mínimos) hasta la suspensión de la comercialización o la clausura. La justificación pública de los ajustes, sostienen los autores, promovería una mayor rendición de cuentas y permitiría al gobierno monitorear el mercado y evaluar posibles prácticas anticompetitivas. La iniciativa se inspira en mecanismos de transparencia ya vigentes en países vecinos como México y Chile.
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