El Gobierno nacional dispuso un cambio radical en la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada de Argentina. A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, se concretó la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que por más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la supervisión de precios en el sector.
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La medida implica un quiebre en el esquema de control estatal sobre los montos que cobran los colegios privados. A partir de ahora, las instituciones no tendrán la obligación de comunicar anticipadamente los aranceles ni de obtener autorización previa de la autoridad para realizar modificaciones en las cuotas y matrículas.
Los fundamentos del nuevo decreto sostienen que la normativa derogada presentaba «limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos […] a las realidades educativas y económicas del país.»
El Ejecutivo argumentó que el sistema vigente, instaurado en los años noventa bajo otra administración educativa, ya no se condice con la realidad actual de transferencia de competencias a las provincias. Por ello, se busca un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos privados, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad.
Críticas a la intervención estatal
El texto oficial fue enfático al advertir que la intervención estatal en la fijación de aranceles ha generado «efectos contraproducentes» que afectan la viabilidad económica de las escuelas. Entre ellos, menciona que la exigencia de informar y autorizar los valores con antelación limitaba la capacidad de adaptación de los colegios a las fluctuaciones del mercado.
Asimismo, el Gobierno argumenta que el mecanismo de control anterior «perjudica a las familias» al forzar a los institutos a fijar aranceles más elevados desde el inicio del ciclo lectivo, creando una situación de incertidumbre económica y limitando la capacidad de elección de los padres.
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Finalmente, el decreto pone el foco en el derecho de propiedad y la libertad de gestión de los institutos privados, afirmando que deberían tener la potestad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin depender de la autorización estatal. Se advierte que la rigidez de las tarifas podía llevar a una precarización de la calidad educativa.
El Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, para que avance en la revisión de las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —considerada la «norma madre» del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación al respecto.
