El proyecto, que actúa como complemento del Régimen de Inversiones y Generación de Empleo (RIGI), tiene como principales promotores a Benedetti y al diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).
El Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA) tiene como objetivo aumentar la inversión, generar empleo y mejorar la competitividad en las cadenas agroindustriales. Este texto también recoge aportes de diversas entidades, como el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), y elimina algunos puntos conflictivos que han trabado su avance en ocasiones anteriores.
Benedetti destacó que este proyecto tiene una visión estratégica para fortalecer el sector, crucial para la economía nacional. «Ya hemos dado el primer paso», afirmó, subrayando la importancia de incluir a la Comisión de Presupuesto en el análisis para asegurar un debate integral.
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Pichetto, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de consolidar al sector agroindustrial como el principal generador de divisas del país. También criticó la política exterior hacia China, sugiriendo que el gobierno de Javier Milei debería adoptar un enfoque más pragmático para fortalecer la relación comercial con ese país, vital para la exportación de cereales y carnes.
El proyecto de ley plantea varios incentivos económicos, como la amortización acelerada de inversiones para deducir el Impuesto a las Ganancias en dos años, y la unificación de la alícuota del IVA para simplificar el balance financiero de las empresas agroindustriales. También se incentivan inversiones en infraestructura, siempre que estas apunten a mejorar la productividad y las condiciones laborales.
Entre los ejes centrales del RIDA se encuentran: el uso de semillas fiscalizadas, el fomento de la producción sustentable mediante bioinsumos, la mejora en la productividad ganadera y la adopción de sistemas de calidad y certificación oficial.
Este nuevo impulso legislativo refleja el interés por fortalecer uno de los sectores más importantes de la economía argentina, buscando un equilibrio entre las demandas del sector privado y las políticas públicas necesarias para promover su crecimiento.
