El Gobierno nacional oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública a través del Decreto 959/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Esta decisión, anunciada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, pone fin a una práctica que permitía a familiares o cónyuges de empleados fallecidos ocupar sus posiciones en entidades clave como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y el Banco Nación.
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Argumentos
El decreto fundamenta esta decisión en una serie de considerandos que resaltan los principios de igualdad, mérito y transparencia en la administración pública. En primer lugar, establece que “la Constitución Nacional reafirma la concepción liberal de nuestra República al reconocer en su Preámbulo el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad y el ejercicio de las libertades individuales de los habitantes”.
Además, se recuerda que “las bases constitucionales de nuestro país fueron consolidadas sobre el principio de igualdad y su proyección hacia la prohibición de establecer distinciones fundadas en la ascendencia”, refiriéndose a la prohibición de títulos nobiliarios establecida por la Asamblea del Año XIII. Esto forma parte de un esfuerzo por eliminar distinciones entre personas en el acceso a la función pública.























































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