La situación salarial de los trabajadores estatales en la provincia de Entre Ríos genera creciente preocupación, luego de que el gobierno anunciara nuevas medidas de ajuste presupuestario. Nadia Burgos, dirigente de izquierda y delegada de ATE en el Ministerio de Salud, expresó un fuerte rechazo a estas políticas, que considera un ataque directo al poder adquisitivo de los empleados públicos.
Burgos, quien participó en las recientes acciones de lucha y reuniones con el gobierno por el conflicto salarial, afirmó que «en una acción de ajuste clásico, Frigerio informó a los Ministerios que se debe avanzar con más recortes presupuestarios», profundizando lo que considera una «alianza con la motosierra de Milei». La dirigente señaló que en las últimas semanas, el gobierno provincial ya había «atacado el derecho a huelga, cesanteó a 86 trabajadores del CGE y 60 de Comedores Escolares».
La principal preocupación actual radica en el recorte del 20% de las horas extras, una medida que, según Burgos, «constituye un claro recorte salarial». Explicó que para muchos trabajadores estatales, las horas extras dejaron de ser un «extra» hace años, convirtiéndose en un complemento salarial indispensable, representando en promedio un 30% del salario. «El recorte de un 20 o 25% de ese monto es un golpe fuerte a la economía de subsistencia en la que estamos la mayoría de las y los trabajadores», precisó, estimando descuentos de entre 80.000 y 150.000 pesos, montos que «hoy cubren servicios básicos como el pago de la luz, el colectivo, un plato de comida».
La medida ha generado una fuerte reacción, con «inmensas asambleas» en Salud, CGE y Casa de Gobierno. Burgos destacó la «unidad que se gestó y permitió arrancar una reunión de diálogo», aunque lamentó que el gobierno se haya mostrado «reticente a cambiar su postura». Los representantes de los ministerios y de ATE «sostuvieron firmemente la urgente necesidad de que se retrotraigan estas medidas de ajuste».
Además, la dirigente expresó solidaridad con los trabajadores de IOSPER, denunciando que en el marco de la discusión de la ley de OSER, el gobierno «arremete contra nuestros salarios, contra puestos de trabajo y busca meter miedo con medidas autoritarias y de represalia». Mencionó casos de trabajadores de IOSPER trasladados de sus puestos por «organizarse y luchar contra la entrega de la obra social», calificándolo como una «clara medida antidemocrática».
Nadia Burgos enfatizó que, ante «recortes, despidos, amenazas y acciones de represalia», la «unidad en la diversidad de todo el colectivo de trabajadores estatales, las asambleas y acciones democráticamente planificadas son centrales para torcerle la mano a este gobierno ajustador».
Finalmente, la referente de ATE propuso alternativas para resolver la crisis provincial sin afectar a los trabajadores. Sugirió «suspender los pagos de las deudas en dólares de la provincia», investigar su uso para determinar si fueron «una estafa», y avanzar en una «reforma tributaria integral para que paguen los que más tienen, no los salarios de los trabajadores». En caso de ser necesario un ajuste presupuestario, planteó que este «empiece con los funcionarios, los viáticos, los desarraigos y todo monto de privilegio que hasta hoy se sostiene». Concluyó que «los trabajadores no somos la casta, basta de ajuste ya».(Informe Litoral)
