El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (N° 26.639). Según el comunicado oficial de la Oficina de la Presidencia, la normativa sancionada en 2010 presenta «graves falencias» que, bajo lo que denominaron «pretextos ideológicos», han obstaculizado el desarrollo económico y la llegada de inversiones estratégicas al país.
La reforma se enmarca en la agenda de desregulación y federalismo ambiental impulsada por la administración de Javier Milei. El objetivo central es precisar las definiciones técnicas de las zonas protegidas y devolver a las provincias el rol protagónico en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos productivos.
Del archivo: Reforma tributaria: el Gobierno presentó un capítulo para reducir impuestos e impulsar inversiones
Ejes principales de la reforma: definiciones y federalismo
El proyecto propone una redefinición de los conceptos de glaciar y ambiente periglacial. Actualmente, la ley impide cualquier actividad minera o industrial en estas zonas para proteger las reservas hídricas. La nueva propuesta busca proteger exclusivamente aquellos glaciares que cumplen una «función hídrica efectiva», permitiendo potencialmente la actividad en áreas periglaciares que hoy se encuentran bajo restricción.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma se apoya en dos pilares constitucionales:
-
Artículo 41: El derecho a un ambiente sano sin impedir el desarrollo humano.
-
Artículo 124: El reconocimiento de que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales.
El impacto en el sector minero: cobre y litio
La iniciativa responde a un reclamo histórico de las provincias que integran la Mesa del Cobre (San Juan, Mendoza, Catamarca y Jujuy) y la Mesa del Litio (Salta, Jujuy y Catamarca). Según Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el 75% de los proyectos de cobre anunciados se encuentran en zonas consideradas «periglaciares» bajo la normativa actual.
Se estima que, de aprobarse la modificación, se podrían destrabar inversiones por un total de US$ 35.000 millones, muchos de los cuales ya han iniciado solicitudes para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Voces en contra: la preocupación ambiental
A pesar del optimismo del sector privado y el oficialismo, el proyecto genera una fuerte resistencia en el arco ambientalista. Más de 25 organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación, advirtiendo que flexibilizar la protección de las áreas periglaciares pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país.
Los críticos argumentan que la minería de gran escala en zonas de alta montaña podría alterar la dinámica natural del hielo y afectar la calidad y disponibilidad del agua para el consumo humano y el riego, especialmente en un contexto de cambio climático global.
COMENTÁ LA NOTA