La segunda jornada de la audiencia pública en la que se discute el nuevo cuadro tarifario del gas comenzó en la Usina del Arte del barrio porteño de La Boca, con las ponencias de representantes de los sindicatos, legisladores y expertos.
Entre los sindicatos se encuentran los de prensa, docentes, CTA, y por supuesto, los relacionados con el gas y la energía, cuyos representantes tendrán cinco minutos para exponer.
Luego será el turno de los legisladores nacionales, entre los que se anotaron Axel Kicillof, Federico Masso, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Federico Pinedo, Fernando Solanas y Eduardo Amadeo, entre otros, quien también tendrán cinco minutos de exposición.
También están anotados representantes de universidades y centros de estudio sobre el tema energético.
La audiencia, que finalizará el domingo, se extenderá hasta las 24.
La audiencia no es vinculante, por lo que el gobierno espera poder aprobar los nuevos cuadros tarifarios a partir de octubre, con facturas que irían de 107 a 953 pesos mensuales según el nivel de consumo, ya que estará cumplido el paso exigido por la Corte Suprema de Justicia.
Representantes de provincias y petroleras defendieron los incrementos que, señalaron, son «necesarios» para financiar una mayor producción que garantice el abastecimiento.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, arrancó ayer planteando que habrá «aumentos graduales semestrales en los próximos tres años», con media hora de demora por un insólito corte de electricidad.
Y confirmó que «en octubre de 2019» se habrán eliminado los subsidios al gas, mientras puntualizó que subsidios representan 5.700 millones de dólares anuales.
Según reprodujo Elonce.com, en la primera jornada de la audiencia los representantes de las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras defendiendo las rentabilidad del sistema, mientras los defensores del pueblo y dirigentes de las asociaciones de consumidores objetaron el cuadro tarifario.
En las exposiciones el aumento del gas fue calificado de «inconstitucional», se lo consideró «imposible de pagar» y «extemporáneo, por no conocerse la base del cálculo para establecer los aumentos», como el precio de boca de pozo y de transporte, por la mayoría de las organizaciones de defensa del consumidor.
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