La tensión interna en el arco oficialista escaló a la justicia federal luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel radicara una denuncia penal contra el diputado y exministro de Defensa, Luis Petri. La presentación, realizada en los tribunales de Comodoro Py, incluye acusaciones por delitos de calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, originadas en una serie de declaraciones públicas cruzadas que sacudieron el escenario político tras la apertura de sesiones ordinarias.
El conflicto estalló cuando Petri afirmó en una entrevista televisiva que la vicepresidenta «apostó por el fracaso del Gobierno» y sugirió que se posicionaba como una alternativa para suceder al presidente Javier Milei. La respuesta de Villarruel no se hizo esperar: a través de sus redes sociales, calificó al exfuncionario como un «cosplayer» y criticó duramente su gestión al frente del Ministerio de Defensa, mencionando irregularidades en la obra social de las fuerzas armadas. La disputa alcanzó su punto máximo cuando el legislador replicó tildando a la titular del Senado de «golpista».
Ante la gravedad de los calificativos, la vicepresidenta decidió judicializar el enfrentamiento argumentando que las expresiones de Petri encuadran en delitos previstos por el Código Penal. Actualmente, la causa se encuentra bajo análisis de la Justicia federal, que deberá evaluar si los elementos presentados son suficientes para iniciar una investigación formal contra el exministro por sus acusaciones de conspiración contra la actual administración nacional.
