El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, pidió 12 años de prisión para el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, por delitos de corrupción. Desde el 27 de septiembre último, en los tribunales provinciales se desarrolló un megajuicio que ventiló 5 causas por delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Se trata de un juicio sin precedentes en la historia entrerriana. Junto al exmandatario provincial, se juzgó la participación de exministros de sus gestiones, exfuncionarios públicos, familiares y empresarios.
Tres fiscales -Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes contaron con la coordinación de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, apartada de sus funciones y en proceso de jury después de iniciado el debate-, calcularon un desvío de dinero de las arcas públicas de más de 9 millones de dólares que, traducido a la actualidad, significan 1000 millones de pesos.
Además, la fiscalía solicitó a un tribunal oral 10 años de cárcel para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, actual funcionario del Senado entrerriano y 10 años para el exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial del PJ, Pedro Angel Baez.
El fiscal Gonzalo Badano también pidió el decomiso de todos los bienes de las imprentas del cuñado de Urribarri porque entiende que se habían comprado con fondos provenientes de la corrupción. Se trata del edificio, la maquinaria, vehículos y todo su equipamiento técnico.
En su alegato, Urribarri se declaró inocente y atacó al periodista de Entre Ríos, Daniel Enz, y al diputado nacional del Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, como supuestos miembros de un inexistente complot en su contra.
Hasta ahora, Urribarri continúa en su cargo en Israel.
Pedidos de pena, multas y decomisos
- Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación: 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más una multa de 90 mil pesos.
- Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial: 10 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 180 mil pesos.
- Corina Cargnel, contadora de Formato Urbano: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 180 mil pesos.
- Emiliano Giacopuzzi, acusado como testaferro de Aguilera: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua absoluta más multa de 90 mil pesos.
- Luciana Almada, acusada como socia testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 90 mil pesos.
- Alejandro Almada, acusado como testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos.
- Maximiliano Sena, acusado como testaferro: 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos.
- Germán Buffa, empresario: 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua.
- Gustavo Tórtul, coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur: 3 años de prisión condicional.
- Hugo Marsó, exministro de Turismo: 5 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil.
- Gerardo Caruso, empresario: 5 años de prisión más multa de 90 mil pesos.
- Gustavo Tamay, empleado del Gobierno provincial: 4 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil.
Inmuebles
La Fiscalía también pidió el decomiso de dos inmuebles de las empresas Tep y Next SRL -ambas funcionan bajo la denominación comercial de Formato Urbano y fueron adjudicadas a Aguilera-. La acusación solicitó que una vez que quede firme la sentencia y se efectivice el decomiso, los inmuebles pasen a funcionar bajo la órbita del Poder Judicial. Se trata de los ubicados en calle Racedo 415 y Racedo 409 de Paraná.
Vehículos
También se solicitó el decomiso de una motocicleta Zanella 110; una camioneta Ford; un Citröen Berlingo; automotores propiedad de la empresa Formato Urbano. Se requirió que cuando la sentencia quede firme y se efectivice el decomiso, pasen a funcionar bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos.
Elementos informáticos
Por último, el Ministerio Fiscal reclamó el decomiso de 11 CPU; 1 ploter de impresión; y 2 computadoras All In One. Cuando la sentencia quede firme y se efectivice el decomiso, Fiscalía pidió que los elementos informáticos sean donados al Concejo General de Educación (CGE).
