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Salud pública: el Gobierno garantiza la cobertura de monotributistas tras la baja de obras sociales y prepagas

A través de la Resolución 492/2026, la Superintendencia de Servicios de Salud creó un registro especial para asegurar la continuidad de las prestaciones.

La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó una nueva medida para proteger a los usuarios del sistema ante la reciente eliminación de diversas entidades del registro nacional. Mediante la Resolución 492/2026 publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la creación de una sección específica dentro del Registro de Agentes de Salud. Esta herramienta está destinada exclusivamente a aquellas instituciones que manifiesten formalmente su voluntad de recibir a los afiliados monotributistas provenientes de obras sociales o prepagas que hayan sido dadas de baja por el organismo rector, garantizando que los beneficiarios no sufran interrupciones en su atención médica.

La normativa establece que las entidades que se inscriban en esta sección asumen el compromiso expreso de incorporar a estos afiliados, respetando los criterios de distribución y reasignación fijados por el Decreto 1400/2001. Podrán participar de este esquema los Agentes del Seguro de Salud que se encuentren activos, debidamente registrados y que no estén atravesando procedimientos de crisis económica. Es fundamental señalar que esta disposición aplica únicamente al padrón de monotributistas, ya que los trabajadores en relación de dependencia conservan su derecho constitucional de elegir libremente entre las prestadoras inscriptas a través de los canales digitales habituales de la Superintendencia.

El objetivo central de este reordenamiento es brindar previsibilidad a los usuarios en un contexto donde ya se han contabilizado 162 entidades eliminadas del registro por irregularidades o falta de solvencia. Desde el organismo destacaron que la medida busca fortalecer la transparencia y la competencia dentro del sistema de salud, asegurando que la libertad de elección de los ciudadanos esté respaldada por instituciones sólidas. Con esta resolución, el Estado busca evitar que el cese de actividades de una prestadora derive en el desamparo prestacional de miles de familias, promoviendo una transición administrativa ordenada y eficiente entre los agentes del seguro.

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