La situación judicial de la argentina Agostina Páez, de 29 años, se complicó severamente en las últimas horas tras el pedido formal del Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro para que la joven sea trasladada a una unidad penitenciaria. A pesar de que la letrada ya se encuentra bajo vigilancia con tobillera electrónica, el fiscal del caso consideró que las medidas cautelares actuales son insuficientes para neutralizar el «peligro procesal» y el desprecio por las normas que, según la acusación, habría demostrado la imputada.
La denuncia penal describe un violento episodio ocurrido en un restaurante carioca, donde Páez habría protagonizado una discusión por el costo de la cuenta que derivó en graves insultos raciales. Según el expediente, la joven habría llamado «negro» a un mozo y «mono» a la cajera del local, acompañando sus palabras con gestos corporales discriminatorios. La fiscalía subrayó que estas agresiones continuaron incluso después de que los empleados le advirtieran que su conducta constituía un delito bajo la estricta legislación brasileña de injuria racial.
Actualmente, la abogada reside en un departamento alquilado en Brasil junto a familiares y amigas, con la prohibición terminante de acercarse a las fronteras. Ante el pedido de encarcelamiento, su defensor, Sebastián Robles, presentó un habeas corpus denunciando una violación a los derechos humanos y al principio de inocencia, solicitando que su clienta pueda regresar a la Argentina para continuar el proceso desde allí debido al desgaste económico y emocional que atraviesa. Se espera que la Justicia brasileña defina la próxima semana si ordena su detención inmediata o mantiene el régimen de libertad controlada.
