La licitación para la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay sumó una fuerte polémica en las últimas horas. Una de las corporaciones internacionales que compite en el proceso le envió una carta formal al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para solicitar que se anule el concurso actual y se convoque a una nueva licitación para la Vía Navegable Troncal. La firma asegura que puede realizar las tareas de dragado y balizamiento con una tarifa un 17,4% más baja que la establecida en el esquema en marcha.
El planteo de la compañía se conoce justo cuando el Gobierno nacional avanza en la preadjudicación de la concesión a favor de la empresa que actualmente se encarga del mantenimiento de la ruta fluvial. Desde la firma denunciante explicaron que su propuesta alternativa permitiría generar un ahorro de al menos 2.500 millones de dólares para los usuarios durante los 25 años que durará el contrato de concesión.
El principal cuestionamiento apunta contra el esquema de precios que armó el Estado. Según los representantes del consorcio, el pliego del concurso impidió que las empresas presentaran ofertas económicas más baratas debido a que se fijó una tarifa mínima obligatoria. Argumentan que ese piso de precios es incluso más alto que lo que ellos mismos habían ofrecido en la licitación anulada del año 2025, a pesar de que aquel viejo proceso tenía muchas más exigencias de trabajo que el actual.
En detalle, la constructora afirmó que podría cumplir con todos los servicios cobrando una tarifa máxima de 4,77 dólares por tonelada de registro neto (NRT), mientras que el valor de referencia fijado por el Estado para este concurso es de 5,78 dólares por NRT. Con el sistema vigente, advierten que los exportadores y usuarios de la Hidrovía terminarán pagando un 21% por encima del valor real de mercado para el dragado de los ríos.
Finalmente, en la presentación se criticó que, al poner un piso económico tan alto, todas las empresas terminaron cotizando lo mismo, dejando la decisión final sujeta únicamente a la evaluación técnica de una comisión. Cabe destacar que este reclamo y el diseño de los pliegos ya están bajo la lupa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que analiza diferentes denuncias sobre cómo se llevó adelante todo el camino de la privatización de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.
