La provincia de Entre Ríos concretó una importante ampliación de su sistema de control penal mediante la incorporación de 241 nuevas unidades de vigilancia electrónica. La medida se formalizó a través de un acuerdo suscripto entre el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco del programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.
Con este nuevo equipamiento, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) ampliará la cobertura de monitoreo sobre aquellas personas que se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria u otras modalidades de ejecución de la pena fuera de los penales. La administración y el seguimiento de estos dispositivos estarán a cargo directo del departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico del SPER, cuyos directivos, Alejandro Miotti y Santiago García, también formaron parte de las mesas de gestión técnica.
La iniciativa busca optimizar las capacidades operativas de la fuerza y generar una gestión más eficiente del sistema penal entrerriano. Las autoridades destacaron que la utilización de estas herramientas tecnológicas permite mantener una supervisión permanente sobre los internos legalmente habilitados, al mismo tiempo que contribuye de manera directa a la descompresión de las diferentes unidades penales de la provincia.
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Respecto al financiamiento del sistema, el convenio marco determina que el Estado nacional asumirá la totalidad de los costos derivados de la prestación del servicio de monitoreo a distancia, asegurando la sustentabilidad económica del proyecto. A cambio, Entre Ríos asumió el compromiso de remitir estadísticas periódicas, elaborar informes socioambientales previos y garantizar el estricto cumplimiento de los estándares operativos fijados por el programa federal.
