El Gobierno Nacional ha dado un paso significativo en su proceso de modernización del sector energético al incorporar formalmente las estaciones de servicio móviles y modulares al registro oficial de bocas de expendio de combustibles. Esta decisión, impulsada bajo la administración del presidente Javier Milei, tiene como principal objetivo asegurar el suministro de nafta y gasoil en localidades del interior del país, muchas de las cuales han visto deteriorarse o cerrar sus estaciones fijas.
Fuentes oficiales argumentaron que la medida «permite que localidades del interior cuenten con una solución segura, moderna y de rápida instalación para abastecerse de combustibles». Se busca así paliar la escasez de puntos de venta en zonas rurales y promover el desarrollo productivo de las economías regionales.
La iniciativa forma parte del «proceso de desregulación y modernización del sector energético» y se orienta a fomentar la competencia, reducir costos y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.
Desde Nación aseguran que la incorporación de estas unidades móviles trae consigo múltiples beneficios:
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Abastecimiento garantizado: Provee combustible a localidades que carecen de estaciones fijas.
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Reducción de costos: Disminuye los gastos operativos para las empresas y de traslado para los usuarios.
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Fomento de la competencia: Impulsa un entorno más competitivo en el sector minorista.
Uno de los puntos clave del nuevo régimen es la exigencia de estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales como la NFPA385 y la UL-2085.
Para operar legalmente, estas estaciones móviles deberán cumplir con requisitos rigurosos, entre los que se destacan:
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Tanques de doble pared.
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Sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas.
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Kits de control de derrames y extintores certificados.
El cumplimiento de estas condiciones será auditado periódicamente por empresas externas habilitadas. Además, cada unidad deberá contar con planes de contingencia y seguros vigentes para garantizar una operación segura.
Régimen de sanciones severas
A la par de la flexibilidad operativa, el nuevo esquema establece un sistema de sanciones severas para quienes intenten operar fuera de la ley. Se prevén multas de hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con las auditorías actualizadas.
Con esta acción, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de desregulación y fomento de la competencia con la garantía de un servicio de expendio de combustibles que sea seguro y moderno en todo el territorio nacional.
