Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición formalizaron una solicitud para realizar una sesión especial el próximo martes 23 de junio a las 14 horas. El temario propuesto incluye el tratamiento de pedidos de informes, la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la evaluación de una moción de censura para su remoción. La iniciativa parlamentaria se presentó tras la entrega de la declaración jurada patrimonial del funcionario y sus declaraciones públicas sobre la tenencia de fondos no declarados ante el fisco.
La convocatoria al recinto está encabezada por los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas, acompañados por las firmas de las diputadas Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Quienes impulsan la medida fundamentan el pedido en la necesidad de aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional para exigir explicaciones en el Congreso. Diputados como Esteban Paulón y Pablo Juliano señalaron que la jornada servirá para definir las posiciones de cada espacio político frente a los hechos bajo investigación. Por el contrario, los bloques del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y la legisladora Karina Banfi optaron por no adherir a la convocatoria parlamentaria.
A pesar de las diferencias sobre la conveniencia de la sesión, el pedido de explicaciones inmediatas también sumó expresiones dentro de sectores habitualmente cercanos al Poder Ejecutivo. Luego de que Adorni comunicara en sus redes sociales que asistirá al Senado en el mes de julio, el bloque de diputados del PRO emitió un comunicado solicitando que el funcionario comparezca durante el transcurso del presente mes. En el mismo sentido, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, requirió de manera formal y fehaciente que el jefe de Gabinete formalice su informe ante la Cámara alta antes de la finalización de junio.
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El debate político e institucional se intensificó luego de que el ministro coordinador admitiera en un reportaje televisivo que mantuvo un ahorro de medio millón de dólares fuera del circuito legal, argumentando que se trataba de una modalidad de reserva familiar. Según el descargo del funcionario, la suma proviene de una inversión inicial de 200.000 dólares en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018, la cual le reportó una ganancia de 300.000 dólares. No obstante, diversos sectores técnicos y políticos marcaron contradicciones respecto a este argumento, al difundirse entrevistas de años anteriores donde el propio Adorni desaconsejaba el uso de criptoactivos debido a su volatilidad financiera.
En el plano legal, el caso forma parte de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito radicada ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Tras las recientes declaraciones del funcionario, la Justicia Federal analiza la posibilidad de ampliar la imputación hacia los presuntos delitos de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos. El expediente judicial en curso investiga la adquisición de bienes inmuebles, refacciones edilicias y la naturaleza de diversos viajes oficiales y privados realizados por el entorno familiar del jefe de Gabinete. En paralelo, el escenario interno del oficialismo registró pronunciamientos diferenciados, como el de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien tomó distancia pública del proceder del funcionario al encuadrar el hecho como una omisión ética.(LN)
