La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa diseñada para incentivar la bancarización de ahorros fuera del sistema financiero y reformar el régimen penal tributario. A partir de su publicación en el Boletín Oficial, el ente recaudador adopta un nuevo enfoque basado en la presunción de cumplimiento del contribuyente, reduciendo la carga administrativa para la mayoría de los registrados y concentrando la fiscalización en un grupo reducido de grandes contribuyentes.
Uno de los pilares de esta reforma es el Régimen Simplificado de Ganancias, accesible con un clic para personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. En este nuevo esquema, el impuesto se calculará exclusivamente sobre la facturación, eliminando la necesidad de computar gastos o variaciones patrimoniales. Como incentivo para incorporar al sistema bancario los fondos guardados fuera de él, la normativa establece que no se pagará impuesto a las ganancias por montos de hasta $1.000 millones.
En el ámbito penal, la reglamentación introduce cambios significativos bajo la premisa de que «los problemas tributarios se resuelven con plata». Se busca extinguir la acción penal si el contribuyente abona el capital adeudado más intereses y multas. Además, se elevaron drásticamente los umbrales a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal: para la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se eleva de $15 millones a $1.000 millones.
Finalmente, la norma establece el principio de Inocencia Fiscal, limitando la capacidad de ARCA para denunciar automáticamente ante la Justicia penal en casos interpretativos o técnico-contables, y reduce el plazo de prescripción de los delitos de evasión de cinco a tres años. Desde el organismo destacaron que se busca dejar atrás un sistema considerado «asfixiante» para fomentar la formalización y devolver la libertad a los ciudadanos sobre el uso de su dinero.
