El Dr. Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, explicó cómo procederán tras la anulación de los aproximadamente 800 contratos considerados «truchos» en la legislatura provincial. Estos contratos, detectados en una investigación penal iniciada en 2018 (causa Beckman y otros), son objeto de un proceso administrativo paralelo para declarar su nulidad y recuperar los fondos públicos utilizados irregularmente.
En La Hora del 6 por Canal 6 ERTV, Signes explicó que la vía administrativa, impulsada por el gobernador, es independiente de la investigación penal, que se enfoca en la sanción penal de los involucrados. La vía administrativa, en cambio, prioriza la reparación del daño al patrimonio provincial. El proceso implica la declaración de nulidad de los contratos por parte de las autoridades legislativas (Presidente de la Cámara de Diputados y vicegobernadora/presidenta del Senado), tras lo cual la Fiscalía de Estado iniciará un proceso de contacto con los responsables de los pagos para llegar a acuerdos de reintegro. Se buscará la devolución del dinero, ya sea mediante convenios de pago o, en caso de negativa, a través de la vía judicial civil.
Si bien la investigación penal ya ha identificado a los responsables, la Fiscalía de Estado tiene acceso a esta información y se centrará en aquellos que autorizaron los pagos, aunque no se descarta la convocatoria a quienes recibieron los fondos. Signes aclaró que, a diferencia de la investigación penal, el proceso administrativo se enfoca en la reparación del daño y no en la sanción penal, actuando como abogado defensor de los intereses patrimoniales de la provincia.
Se espera que el proceso sea ágil, dado que la decisión de las autoridades legislativas no requiere un proceso legislativo extenso. La instrucción del gobernador es clara: «priorizar la recuperación de los fondos públicos desviados».
Finalmente, el fiscal destacó que los contratos irregulares dejaron de utilizarse hace tiempo, y que la Legislatura puede contratar personal político, siempre que se cumplan las formalidades legales y presupuestarias. (Informe Litoral)
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