Un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Jorge Monge (Cambiemos) en la Cámara de Diputados prevé la remoción y eliminación de los materiales elaborados con amianto o asbesto en todos los edificios e instalaciones públicas o privadas de la provincia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tercio de muertes por cáncer de pulmón son causadas por este producto mineral de gran durabilidad y bajo costo que, en todo el mundo y durante siglos, ha sido usado como material de construcción.
El amianto está presente en tejas, tanques de agua, baldosas, azulejos, papel y cemento; en la fabricación y reparación de automóviles, camiones y tractores; en embragues, frenos, juntas o componentes de la transmisión; en el desguace de barcos, en la siderurgia, en el sector eléctrico y centrales térmicas y nucleares; y en diversos materiales textiles, envases y revestimientos, trajes de bomberos, tuberías de presión, reforzante de plásticos, fibrocemento, entre otros, enumeró el legislador.
“En 1935 se conocieron los primeros trabajos que relacionan científicamente la exposición al amianto con el cáncer de pulmón y un importante estudio epidemiológico realizado en 1955 concluyó que los trabajadores expuestos al amianto presentaban un riesgo 10 veces mayor de sufrir cáncer de pulmón que cualquier otra persona”, fundamentó Monge.
El diputado señaló también que, con mayor profundización y avances en las investigaciones sobre su carácter nocivo para la salud, la OMS, en un informe realizado en 2010, aseguró que hay 125 millones de personas en riesgo, ocurren varios miles de muertes por exposición laboral y un tercio de muertes por cáncer de pulmón son causadas por el amianto.
Con esos fundamentos, pero también basándose en la legislación existente a nivel nacional y los antecedentes en la provincia, Monge propone un plan para la eliminación de este material en edificios y construcciones públicos y privados.
El amianto está incluido en la ley nacional 24.051, que regula el tratamiento, eliminación y disposición final de los residuos peligrosos y su decreto reglamentario. Entre Ríos adhirió a esa norma en 1994, a través de la ley provincial 8.880, reglamentada seis años después.
En enero de 2003 el amianto o asbesto se prohibió totalmente en territorio argentino con expresa delegación del poder de policía por la Nación a los gobiernos de provincia.
“Sin embargo -advirtió el legislador a través de un parte de prensa enviado a este medio- la baja calidad institucional por falta de conciencia sobre la importancia de la participación activa han derogado en los hechos buenas propuestas normativas como la que estamos destacando”. Es por eso que propone una ley específica de “desamiantización de Entre Ríos” que prevé la eliminación de materiales con este componente de todas las construcciones de la provincia.
La iniciativa establece que la Secretaría de Ambiente, definida como autoridad de aplicación, deberá desarrollar y aprobar un “plan de retirada de materiales con amianto, tratamiento y disposición final”, que tendrá que “aplicarse gradualmente en la provincia sobre bienes públicos y privados”. Además, el organismo deberá diseñar y llevar adelante una campaña de concientización sobre la problemática.
Según el artículo quinto, cuando se detecte amianto en materiales de construcción de inmuebles destinados a uso familiar, social, comercial, productivo, industrial, o en infraestructura destinada a cubrir necesidades de diversa índole, “se ordenará su reemplazo en el término que fije el plan”. Asimismo, se prevé que tendrán prioridad para las acciones de desamiantización deberán los establecimientos de atención médica y educativos, en ese orden.
Por otro lado, la provincia deberá dar “absoluta prioridad” a las inversiones en materia de obras básicas vinculadas al servicio de agua potable para la remoción y reemplazo de las cañerías de distribución de agua potable en los municipios y comunas que posean caños con mineral de amianto. Otro de los aspectos importantes que aborda la iniciativa es un programa de seguimiento médico y/o controles periódicos de la salud de las personas expuestas al amianto, que deberá ejecutarse a través del área de Salud Pública de la provincia.
