El incremento a los policías provinciales potenció las demandas salariales de estatales. Frente a una posible generalización de reclamos este miércoles harán un anuncio desde Concordia. CTA insiste con su proyecto de reforma tributaria.
El incremento salarial obtenido por la policía de Entre Ríos que llevó el mínimo a 8.434 pesos, amplificó reclamos similares de otros sectores que hasta el momento no venían consiguiendo su objetivo. En distintos gremios privados y entre los estatales provinciales surgió la exigencia de cobrar un mínimo de 8.000 y hasta las 9.500 pesos en consonancia con lo otorgado a los integrantes de la fuerza de seguridad.
En ese marco, fuentes gremiales anticiparon a INFORME DIGITAL que para este miércoles a las 18:30 está convocada una reunión en Concordia entre el gobernador Sergio Urribarri, ministros del gabinete provincial, dirigentes de la Asociación de trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del personal civil de la Nación (Upcn), donde se cerraría y anunciaría un incremento salarial para evitar un escenario de mayor conflictividad.
Cabe señalar que desde la Central de trabajadores Argentinos, seccional Entre Ríos, renovaron su pedido para que se analice el proyecto de Reforma Tributaria. Consideran que se trata de “una herramienta que le otorga al Estado una forma de recaudar más sin desequilibrar la balanza hacia los sectores que menos tienen”. Se destacó que el proyecto contempla “que no haya aumentos de precios para paliar la mayor presión impositiva”.
El proyecto hace eje en “los sectores que más rentabilidad han obtenido” en la última década en la provincia y apuntan a “las actividades que menos tributan en concepto del impuesto por Ingresos Brutos o están exentas de hacerlo, como el sector primario agropecuario, hipermercados, emprendimientos industriales que superan las estructuras de las pequeñas y medianas empresas, algunos sectores de servicios como la telefonía móvil y la televisión por cable, entre otros”.
Desde la Central se sostuvo que el Estado, al estar dotado de “una herramienta fiscal que equilibre la responsabilidad impositiva entre todos los sectores de la sociedad haciendo eje sobre los que más tienen, podrá disponer de mayores recursos para hacer frente a las responsabilidades que le son inherentes, insoslayables e impostergables como salud, vivienda, educación, salarios, deporte social, cuidado de nuestros adultos mayores, promoción de políticas económicas desde la economía formal y desde la economía social, entre otras alternativas de desarrollo con inclusión”, indicó Informe Digital.
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