El Gobierno nacional formalizó este jueves una nueva asistencia financiera destinada a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, mediante un sistema de anticipos que podrán alcanzar un techo de $400.000 millones para cada una de las jurisdicciones. La medida quedó plasmada en el Boletín Oficial a través del Decreto 474/2026, con la firma de la administración de Javier Milei, especificando que la instrumentación operativa del beneficio quedará bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía.
Los recursos económicos transferidos tendrán como destino exclusivo afrontar compromisos presupuestarios y obligaciones financieras de carácter prioritario en cada distrito. Desde la cartera económica nacional señalaron que el propósito central de esta herramienta es brindar auxilio a aquellos estados provinciales que atraviesan dificultades transitorias para ejecutar sus presupuestos o cumplir con el pago de deudas vigentes, utilizando para ello los mecanismos legales que permiten adelantar recursos coparticipables.
A pesar del tope fijado, el monto definitivo que se acreditará a cada provincia será evaluado de forma individual por la Secretaría de Hacienda. Para determinar las cifras finales, el organismo técnico analizará variables clave como la capacidad de repago de cada distrito y su nivel de participación real en la recaudación de los impuestos nacionales. Asimismo, el área quedó facultada para suscribir convenios particulares con cada gobernador para pulir las condiciones operativas de los desembolsos.
En cuanto a las condiciones de devolución, el decreto es estricto al marcar que los anticipos otorgados deberán ser reintegrados en su totalidad dentro del ejercicio fiscal 2026. Los fondos no serán gratuitos, ya que estarán sujetos al pago de intereses calculados sobre una tasa fija nominal anual del 15%, la cual comenzará a correr inmediatamente después de que se concrete cada transferencia hacia las arcas provinciales.
Como contrapartida y resguardo para el Estado nacional, las provincias solicitantes deberán colocar como garantía real los recursos que perciben habitualmente por el régimen de coparticipación federal. Esto implica una autorización expresa para que Nación aplique retenciones automáticas sobre dichos fondos en caso de ser necesario para recuperar el capital adelantado junto a sus respectivos intereses. Esta medida replica el esquema de asistencia implementado semanas atrás, cuando se habilitaron adelantos de fondos similares para otras doce provincias del país.
