El ex ministro de Salud y seis dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación, el gremio conducido en Entre Ríos por el diputado del PJ, José Allende, serán juzgados. Se les imputan delitos de coacción y coacción agravada por presiones a la directora de un hospital. Así lo determinó la Justicia de Diamante. Aún no hay fecha para el debate oral y público.
El juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, finalmente resolvió el miércoles elevar ajuicio oral y público la causa que tiene como imputados por delitos de coacción a seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Entre Ríos y al ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa.
Es en el resonado caso que se abrió a principios de junio luego de que la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, denunciara “aprietes y amenazas” por parte de dirigentes gremiales y del entonces ministro, para que reincorpore a la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles.
Los gremialistas imputados por el delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; Fabián Monzón (secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos-Iosper); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio.
A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. Según publicó Entre Ríos Ahora, a De la Rosa, en tanto, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría. Las figuras penales que se les endilgan prevén penas que van de los 5 a 10 años de prisión.
Los fiscales Laureano Dato y Germán Eduardo Palomeque solicitaron la remisión de la causa a juicio en la audiencia del 7 de julio; en tanto que los abogados penalistas Marcos Rodríguez Allende (por parte de los seis sindicalistas) y Leopoldo Lambruschini y Julio Federik (por De la Rosa) pidieron el sobreseimiento de sus defendidos por entender que no cometieron ningún delito.
Los fiscales sostienen que tienen acreditado que durante los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de junio, la directora del hospital diamantino sufrió amenazas por parte de los dirigentes y del entonces titular de la cartera sanitaria. En medio del escándalo del caso, De la Rosa le presentó su renuncia al gobernador Gustavo Bordet, quien puso en su lugar a Sonia Velázquez, también proveniente del mundo gremial pero del otro sindicato estatal, ATE.
La fecha del debate oral y público será determinado por la OGA -Oficina de Gestión de Audiencias- próximamente.
