A través de los decretos 549 y 550 publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional formalizó la aprobación de dos operaciones de garantía con organismos internacionales de crédito que suman un total de US$1750 millones. El paquete incluye una contragarantía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$550 millones y un acuerdo de indemnidad con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial, por un monto de US$1200 millones. Ambas operaciones forman parte de una estrategia para cubrir vencimientos de deuda mediante préstamos comerciales a tasas más bajas que las de mercado, marco en el cual se autorizó la toma de créditos por hasta US$5000 millones con bancos internacionales. De acuerdo con los informes técnicos del Banco Central de la República Argentina, estas transacciones no generarán impactos en las subcuentas de la cuenta corriente ni en la cuenta financiera de la balanza de pagos.
El aval otorgado por el BID se destinará al respaldo del programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS). Esta herramienta opera bajo la modalidad de una garantía parcial de crédito y tiene como finalidad técnica el fortalecimiento institucional de los sistemas de seguridad y justicia, buscando elevar la efectividad en los procesos de investigación criminal, la persecución penal de delitos complejos y la recuperación de activos que tengan un origen ilícito. La designación de la Secretaría de Finanzas como autoridad de aplicación y ejecución de este programa quedó establecida de manera formal en el articulado del decreto 549.
Por otra parte, la garantía basada en políticas provista por el BIRF por hasta US$1200 millones dará soporte al programa denominado «Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina». Los lineamientos de este convenio técnico apuntan a introducir reformas que logren optimizar el clima de negocios local, dinamizar el comercio, incentivar el flujo de capitales privados y ampliar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Según las previsiones del organismo multilateral, la implementación de este esquema contribuirá a una disminución de los costos de financiamiento para el país, quedando el Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas facultados para coordinar la documentación y los aspectos operativos del acuerdo.(TN)
