«Son más de 100 las escuelas afectadas por la decisión y casi 350 cargos docentes que sufren el ajuste llevado adelante por José Luis Panozzo y Gustavo Bordet», aseguran desde el gremio. Agmer recurrirá a la Defensoría de Pobres y Menores para evitar su aplicación. En tanto el CGE emitió la circular 11/06 que dispuso que a partir del 1° de septiembre se deberán iniciar los trámites administrativos, sin cesar ningún docente.
La Comisión Directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), rechaza la decisión del Consejo General de Educación de adelantar al 1º de septiembre la recategorización a la baja de escuelas primarias que pasan de tercera a cuarta categoría y de cuarta categoría a personal único.
En ese contexto desde el gremio aseguran que se están desconociendo todos los cuestionamientos que el sindicato y las comunidades educativas opusieron a esta recategorización, anunciada para el ciclo lectivo 2017, el CGE emitió con fecha 26 de agosto la Resolución 2860 que dispone adelantar la baja de categoría haciéndola efectiva a partir de este jueves 1 de septiembre.
«La resolución firmada por el presidente del CGE, José Luis Panozzo, y sus vocales políticos es un claro y evidente instrumento de ajuste y recorte en Educación. Son más de 100 las escuelas afectadas por esta decisión y casi 350 cargos docentes que sufren el ajuste llevado adelante por Panozzo y Gustavo Bordet. Este Gobierno provincial ha decidido que la educación pública será una de las variables de ajuste que les permita cumplir con las recetas de achicamiento del Estado que les ordena –y deciden cumplir- el Gobierno nacional», argumentan en un texto enviado a IN.
Siguiendo con los argumentos críticos, Agmer asegura que «el nuestro no es un reclamo sectorial. Lo que está en riesgo es mucho más que la pérdida de cargos y las fuentes laborales de los trabajadores docentes. El gobierno provincial está renunciando, nada menos, que al derecho social a la educación con igualdad, inclusión, integración. El ‘para todos’ de la educación es lo que se elige abandonar en pos del “ordenamiento financiero” de las cuentas públicas».
Además se sostiene que las autoridades que hoy deciden este recorte son las mismas que afirmaron en el Plan Educativo provincial 2015-2019 (Resolución 455/16), a principios de año, apuntar a una mejor educación con igualdad de oportunidades “fortaleciendo el proceso iniciado y avanzando en el desarrollo de itinerarios educativos con tiempos, espacios y agrupamientos diversificados…” y “considera prioritario el seguimiento y evaluación del derecho de aprender de todos los estudiantes a fin de concretar una educación inclusiva”.
El gremio docente entrerriano indica que «la supresión de cargos docentes debilita sin dudas el cuidado de las trayectorias escolares de miles de gurises entrerrianos y atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. Su instrumentación afectará el desarrollo del ciclo lectivo en curso, llevando incertidumbre e intranquilidad a las comunidades educativas», sostienen en el texto.
Frente a esta decisión del CGE, la Comisión Directiva Central de Agmer realizará una presentación para que intervenga la Defensoría de Pobres y menores del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial, a fin de evitar que se aplique la baja de categoría. En esta acción, así como en el rechazo de las medidas dispuestas, nuestro sindicato sigue trabajando junto a las comunidades educativas de las escuelas afectadas.
Además se comunica que producto de la intervención de la vocal docente Perla Florentín y la demanda de Agmer, por circular 11/06 se dispuso que a partir del 1° de septiembre de 2016 sólo se deberán iniciar los trámites administrativos, en formato papel, sin cesar ningún docente.
Igualmente, la representante gremial se negó a firmar la mencionada circular reiterando el rechazo al proceso de recategorización en marcha y a los efectos de resguardar el conjunto de acciones que desde Agmer se vienen realizando para que se estudie cada caso y se rediscutan los criterios con la presentación sindical.
