La Cámara de Diputados ha reactivado la comisión investigadora del caso $Libra, que finalmente podrá designar a sus autoridades. La presidencia del órgano quedará en manos de la opositora Sabrina Selva, del bloque de Unión por la Patria, una medida que fue posible luego de que la oposición aprobara la semana pasada una resolución que le allana el camino para normalizar su funcionamiento. La decisión llega en un momento de tensión política, en medio de nuevos audios que revelan presuntos casos de coimas que involucran a funcionarios del Gobierno.
La comisión, que estuvo meses paralizada, tuvo que superar un punto muerto: los bloques de la oposición y el oficialismo, junto a sus aliados, contaban con la misma cantidad de miembros (14 cada uno), lo que impedía llegar a un consenso para designar a un presidente. Mientras la oposición proponía a Selva, el oficialismo impulsaba a Gabriel Bornoroni, a pesar de que este había votado en contra de la creación de la comisión.
Finalmente, el conflicto se resolvió a favor de la oposición, que consiguió la presidencia. Este movimiento le permite a la comisión retomar su trabajo, que deberá concluir el 10 de noviembre, fecha límite fijada en la resolución.
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El caso $Libra es un tema delicado para el Gobierno, ya que se sospecha de la responsabilidad política del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Se investiga si ambos utilizaron su investidura para favorecer intereses privados, en lo que se ha calificado como una maniobra fraudulenta.
La estafa habría ocurrido entre el 14 y el 15 de febrero, luego de que un tuit de Milei promocionara el proyecto Libra. Se estima que la operación dejó a unos 75.000 inversores damnificados. La causa penal también involucra a otros individuos, incluyendo a los empresarios estadounidenses y singapurenses Hayden Davis y Julian Peh, así como a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La comisión buscará esclarecer si hubo delitos como negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, fraude a la administración pública y violación de la Ley de Ética Pública. La reactivación de este órgano investigador promete ser un tema clave en el ámbito político y judicial de las próximas semanas.
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