A ocho meses de la muerte de Guillermo Ramírez mientras se encontraba bajo custodia policial en la Comisaría de Libertador San Martín, la investigación judicial se acerca a una etapa crucial: la elevación a juicio.
El expediente, robusto con más de cincuenta testimoniales, pericias y registros audiovisuales, está a la espera de los últimos informes complementarios de la autopsia para cerrar la etapa de instrucción, según confirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer.
Schlotahuer recordó que el informe preliminar de la autopsia estableció que Ramírez «murió por asfixia mecánica» y presentaba «una gran cantidad de traumas y golpes sufridos bajo custodia policial».
Actualmente, se aguardan los resultados complementarios, incluyendo el examen anatomopatológico, los estudios de drogas y el examen toxicológico. Algunas pruebas, como el screening de drogas, debieron realizarse fuera de la provincia (en Santa Fe) por no poder efectuarse en Entre Ríos.
El letrado adelantó que se espera que «en unos 15 o 20 días la causa va a reunir prácticamente todos los elementos probatorios», lo que permitirá realizar la audiencia de revisión a juicio. En ese marco, a los cuatro funcionarios policiales imputados —dos hombres y dos mujeres— «se les reformulará la imputación y se pedirá la remisión a juicio oral».
El abogado enfatizó que la responsabilidad recae tanto en quienes «ejercieron la violencia física en forma directa» como en aquellos que «omitieron actuar o realizaron conductas que favorecieron el hecho». A pesar del sumario administrativo iniciado a los agentes, el Estado provincial «no ha suministrado información al respecto», sostuvo Schlotahuer.
A casi un año del hecho, la familia de Ramírez «aún no pudo despedir sus restos» ya que el cuerpo permanece en la morgue judicial de Victoria, una decisión tomada por la querella para evitar futuras exhumaciones.
La viuda de Guillermo Ramírez, empleada de limpieza con dos hijos adolescentes, atraviesa una «situación económica muy precaria» e incluso debió gestionar un subsidio para poder costear el sepelio, un derecho que el abogado considera que el Estado debería garantizar en estos casos de violencia institucional.
Schlotahuer reconstruyó que Ramírez fue abordado por dos policías en una plaza de Libertador San Martín por tomar una cerveza. «Las cámaras registran el momento en que lo reducen, lo golpean y lo cargan en la parte trasera de una camioneta policial», relató.
Tras ser trasladado a la Comisaría de Libertador, la jefa de dependencia ordenó enviarlo a la Jefatura de Policía de Diamante, sin derivarlo al hospital cercano. Al llegar a Jefatura, fue bajado «desvanecido y sin signos vitales». Aunque un funcionario ordenó llevarlo al hospital, los médicos solo pudieron constatar su muerte al arribar.
El caso, calificado por el abogado como una «historia gravísima de muerte bajo custodia policial, en un contexto de violencia institucional«, se ha convertido en un emblema de la lucha por la justicia en Entre Ríos. La familia solo pide «justicia» para poder cerrar un «ciclo doloroso y despedirlo en paz».(Elonce)
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