La modificaci\u00f3n de la Ley N\u00ba 8.369 de Procedimientos Constitucionales sancionada por la C\u00e1mara de Senadores el 8 de agosto, plante\u00f3 un nuevo escenario para la tramitaci\u00f3n de amparos \u2013de diferente \u00edndole\u2013 en la Justicia provincial. La herramienta jur\u00eddica, que se utiliza para los casos que requieren de una mayor celeridad, es a la que apel\u00f3 por tercera vez un colectivo de organizaciones ambientales contra un nuevo decreto del gobierno provincial, que establece la reducci\u00f3n de las distancias para fumigar en zonas linderas a escuelas rurales. La reforma legislativa dispuso, entre otros cambios, que se habilite la apertura del proceso a prueba y la composici\u00f3n del tribunal de alzada, es decir el pleno del Superior Tribunal de Justicia \u2013cinco integrantes\u2013, que deber\u00eda definir en \u00faltima instancia sobre cualquier planteo de amparo o de inconstitucionalidad.<\/p>\n
En este pleito, el juez que entiende en la causa, Virgilio Galanti<\/strong>, rechaz\u00f3 en principio la medida cautelar y el mi\u00e9rcoles convoc\u00f3 a las partes involucradas para que presenten nuevas medidas de prueba. En un plazo de seis d\u00edas corridos \u2013vence el 11\u2013, el Foro Ecologista de Paran\u00e1 y la Asociaci\u00f3n Gremial del Magisterio de Entre R\u00edos (Agmer), al igual que el Estado provincial, representado por la Fiscal\u00eda de Estado, deber\u00e1n reunir nuevos informes t\u00e9cnico-cient\u00edficos.<\/p>\n La petici\u00f3n del camarista Galanti apunta a esclarecer algunos puntos espec\u00edficos antes de emitir un fallo, e incluso dej\u00f3 abierta la posibilidad a que se solicite nuevo material probatorio, seg\u00fan la informaci\u00f3n a la que accedi\u00f3 UNO.<\/em><\/p>\n Es por ello, que tanto los amparistas como el gobierno ofrecieron expertos en temas ambientales para responder dicha solicitud. Los representantes de los ambientalistas propusieron siete especialistas, mientras que el Ejecutivo present\u00f3 cuatro cient\u00edficos.<\/p>\n La validez del decreto<\/strong><\/p>\n \u201cLo que el juez quiere determinar es si el decreto es v\u00e1lido o no respecto a las distancias m\u00ednimas establecidas. Eso es lo que se va a dilucidar\u201d, asegur\u00f3 la abogada de Agmer, Ver\u00f3nica Fischbach<\/strong>.<\/p>\n En este marco, los amparistas hab\u00edan ofrecido pruebas testimoniales, aunque se producir\u00e1n solo si el magistrado lo considera conveniente o necesita m\u00e1s elementos, seg\u00fan apunt\u00f3 la letrada. \u201cPor el momento dijo que no, pero tampoco las puso a realizar\u201d.<\/p>\n En su resoluci\u00f3n, el vocal de la C\u00e1mara Segunda Civil y Comercial, Sala II, se expidi\u00f3 sobre los puntos de prueba: \u201cInforme sobre la pertinencia o no \u2013en relaci\u00f3n al medio ambiente y la salud de educandos, docentes y no docentes de escuelas rurales\u2013 de las distancias y zonas de exclusi\u00f3n y restricci\u00f3n fijadas en los art\u00edculos 2, 3 y 4 del Decreto N\u00ba 2.239\/19 GOB, dando los fundamentos de su opini\u00f3n desde la ciencia a la que aportan\u201d, argument\u00f3.<\/p>\n Tambi\u00e9n requiri\u00f3 \u201ctoda la informaci\u00f3n cient\u00edfica disponible sobre da\u00f1o gen\u00e9tico\u201d. En \u00faltima instancia pidi\u00f3 a las partes a \u201cdetallar toda informaci\u00f3n cient\u00edfica disponible sobre derivas de agrot\u00f3xicos y precisar cu\u00e1nto es el porcentaje del producto aplicado que efectivamente tiene como destino el predio tratado y cu\u00e1nto es deriva\u201d.<\/p>\n Entre los profesionales ofrecidos para producir la prueba la parte demandante propuso al reconocido acad\u00e9mico Dami\u00e1n Verze\u00f1assi<\/strong>, a la investigadora Delia Aissa<\/strong> \u2013aport\u00f3 investigaciones en una causa ambiental de Pergamino\u2013 y al ingeniero qu\u00edmico Marcos Tomassoni,<\/strong> entre otros.<\/p>\n En tanto, la Fiscal\u00eda de Estado ofreci\u00f3 al m\u00e9dico y director del Registro de Tumores de C\u00f3rdoba, Mart\u00edn Alonso<\/strong> y al ingeniero y director ejecutivo de la C\u00e1mara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) Federico Landgraf<\/strong>. Tambi\u00e9n se convocar\u00e1 a todos los especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Cient\u00edficas y T\u00e9cnicas (Conicet).<\/p>\n Regulaci\u00f3n de amparos<\/strong><\/p>\n Como se se\u00f1al\u00f3, la posibilidad de abrir un juicio a prueba qued\u00f3 habilitada a partir de la modificaci\u00f3n de la ley de procedimientos constitucionales, sancionada por la Legislatura provincial. \u201cAntes no estaba previsto, por lo que ahora el juez tiene mayores facultades. Ahora se estableci\u00f3 la posibilidad de la apertura de prueba en todos los amparos. Lo que viene a hacer la modificaci\u00f3n es recoger lo que ya se ven\u00eda realizando; los jueces ven\u00edan abriendo a prueba, haciendo audiencias, medidas que no estaban previstas en la ley. En los amparos de salud se podr\u00e1n pedir informes m\u00e9dicos\u201d, dijo Fischbach.<\/p>\n Aeroaplicadores rechazan fallo que limita su trabajo<\/strong><\/p>\n La C\u00e1mara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires (Capba) rechaz\u00f3 el fallo que limita las aplicaciones a\u00e9reas y terrestres en Pergamino y asegur\u00f3 que \u201cno hay motivos t\u00e9cnicos\u201d para la medida, que establece una distancia de 3.000 metros para aviones y 1.095 en la modalidad terrestre.<\/p>\n \u201cConsideramos existe suficiente cuerpo de prueba acad\u00e9mica que demuestra que no hay motivos t\u00e9cnicos para excluir o alejar a estas distancias absurdas las aplicaciones a\u00e9reas, y confiamos en que este expediente u otros relacionados a la tem\u00e1tica sean gu\u00edas de trabajo para que impere la racionalidad\u201c, expres\u00f3 Capba.<\/p>\n Es que, originalmente, la ley fijaba para las aplicaciones a\u00e9reas un l\u00edmite de 2.000 metros, por lo que los aeroaplicadores confiaron en que la continuidad del proceso judicial \u201cse ajuste a lo que el mismo fallo menciona\u201d, en relaci\u00f3n a \u201carmonizar la tutela de ambiente y el desarrollo mediante un juicio de ponderaci\u00f3n razonable\u201d.<\/p>\n \u201cLa tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino, por el contrario, hacerlo m\u00e1s perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras\u201d, expres\u00f3 la c\u00e1mara. El fallo que reprodujo UNO<\/em> cit\u00f3 la sentencia entrerriana sobre fumigaciones cerca de establecimientos educativos rurales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tanto los amparistas como el gobierno ofrecieron expertos en temas ambientales para responder dicha solicitud. 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