Carubia, Mizawak y Giorgio confirmaron la declaraci\u00f3n de nulidad parcial del decreto 4407\/18. De esta forma, queda prohibido fumigar en forma terrestre a menos de mil metros de las escuelas rurales y a tres mil desde el aire.<\/p>\n
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, resolvi\u00f3 por unanimidad que no existe nulidad y rechaz\u00f3, por mayor\u00eda, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia del vocal de la Sala Tercera de la C\u00e1mara Segunda en lo Civil y Comercial de Paran\u00e1, declarando la nulidad parcial el decreto 4407\/18, que fija las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales.<\/p>\n
Con esta sentencia queda en pie lo dispuesto oportunamente por el Vocal de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paran\u00e1, Dr. Daniel Benedetto, quedando en vigencia consecuentemente las distancias de interdicci\u00f3n de fumigaciones fijadas en su sentencia. En la misma se establece que est\u00e1 prohibido fumigar en forma terrestre a menos de mil metros de las escuelas rurales y a tres mil desde el aire.<\/p>\n
En la resoluci\u00f3n conocida hoy la Sala del STJ resolvi\u00f3 rechazar el recurso de apelaci\u00f3n articulado por el gobierno de la provincia y confirm\u00f3 la sentencia que declar\u00f3 la nulidad parcial del decreto N\u00ba 4407\/18 (fechado el 14\/12\/18 y publicado el 02\/01\/2019) consider\u00e1ndolo violatorio de los arts. 1, 5, 65, 186, 203 de la Constituci\u00f3n de Entre R\u00edos, arts. 1, 18, 75 inc. 22) de la Constituci\u00f3n Nacional, y art\u00edculo 25 inc. c) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos.<\/p>\n
La nulidad alcanza al art\u00edculo 1\u00ba) del decreto del Poder Ejecutivo, el cual establece prohibir las aplicaciones terrestres de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 100 metros entre los l\u00edmites o cercos de la escuela y el cultivo lindero; como as\u00ed tambi\u00e9n al art\u00edculo 2\u00ba) el cual establece la prohibici\u00f3n de las aplicaciones a\u00e9reas de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 500 metros entre los l\u00edmites o cercos de la escuela y el cultivo lindero.<\/p>\n
Sobre la admisibilidad formal<\/b><\/p>\n
El voto que conform\u00f3 mayor\u00eda, comandado por Giorgio, consider\u00f3 que la acci\u00f3n de amparo super\u00f3 los requisitos formales de admisibilidad que exige la Ley de Procedimientos Constitucionales N\u00ba 8.369,destacando que la falta de acreditaci\u00f3n en la inminencia del da\u00f1o no es un requisito insoslayable en este tipo de medidas, atento al car\u00e1cter controversial que asumen estas tem\u00e1ticas en el campo cient\u00edfico y a principio precautorioque rige la Ley General del Ambiente, el que se fortalece al momento de evaluar la urgencia y los derechos en juego en el caso concreto, no solo por la salud de los docentes que concurren a las escuelas rurales, sino especialmente por la de los ni\u00f1os que all\u00ed asisten, cuyos derechos consagrados en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o y la ley Nacional 26.061 -entre ellos el de la salud y al medioambiente sano y equilibrado (art.21)\u2013 tienen \u201cprioridad absoluta\u201d en el control de pol\u00edticas p\u00fablicas, frente a lo cual es prioritario mantener siempre presente el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, siendo los derechos all\u00ed contemplados desorden p\u00fablico, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles (art. 2), destacando que el art. 1 de la mencionada ley habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a trav\u00e9s de medidas expeditas y eficaces.<\/p>\n
El magistrado entendi\u00f3 en definitiva que la v\u00eda del amparo era la adecuada, en el caso concreto, no s\u00f3lo para salvaguardar la salud de los docentes y atender con la prioridad que el \u201cInter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o\u201d exige conforme la normativa de jerarqu\u00eda legal y constitucional en juego, garantizando celeridad y eficacia al conflicto, sino adem\u00e1s por considerar que no se trata una cuesti\u00f3n que amerite \u201cmayor amplitud de prueba y debate\u201d ya que como consecuencia del anterior amparo ambiental, el Estado deb\u00eda demostrar que a menores distancias se asegurar\u00edan id\u00e9nticos resultados preventivos para la salud, lo que no logr\u00f3 acreditar en el dictado del decreto reglamentario, por la ausencia (mas no controversia) de rigor cient\u00edfico. De all\u00ed que no pueda esperarse \u201cmayor debate y prueba\u201d, considerando adem\u00e1s como materia pendiente para el ordenamiento ritual la previsi\u00f3n de un proceso ambiental que se amolde a este nuevo paradigma del derecho.<\/p>\n
Sobre la procedencia sustancial<\/b><\/p>\n
En lo sustancial, Giorgio comparti\u00f3 el an\u00e1lisis realizado por el Dr. Marfil -quien intervino en la instancia de grado- respecto del Decreto N\u00ba 4407\/18 destacando el considerando XII del fallo recurrido, donde se evidenci\u00f3 que los argumentos cient\u00edficos o t\u00e9cnicos que justificaron el dictado del decreto reglamentario lo fueron solo en grado de apariencia o no lo fueron con el grado de solvencia que debiera tener una decisi\u00f3n que puede afectar la salud de los ni\u00f1os y docentes entrerrianos, resurgiendo con ello la falta de certeza respecto de las medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar la inocuidad de la actividad fumigatoria con agrot\u00f3xicos alrededor de las escuelas rurales, sin que el Estado haya podido acreditar con los expedientes administrativos arrimados \u201cque las distancias dispuestas en el decreto garantizan los efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los colegios rurales\u201d, como lo exige el fallo anterior que est\u00e1 obligado a cumplir.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el Vocal Giorgio comparti\u00f3 con el Dr. Marfil que \u201cel informe final del grupo de trabajo interministerial sobre buenas pr\u00e1cticas agr\u00edcolas en conjunto MA-MA y DS N\u00ba 1\/1028\u201d que precedi\u00f3 el dictado del decreto -y sobre el cual se bas\u00f3 el Estado provincial para determinar las distancias all\u00ed dispuestas- carece de la opini\u00f3n t\u00e9cnica, cient\u00edfica o especializada que deber\u00eda tener (y\/o lo m\u00e1s consensuada posible) por lo que entendi\u00f3 que no logr\u00f3 superar el est\u00e1ndar m\u00ednimo establecido por el voto del Dr. Benedetto en autos (\u201c\u2026\u201d) como tampoco el test de legalidad de la Ley de Plaguicidas 6.599, que en su art\u00edculo 8 establece la protecci\u00f3n de terceros frente a la aplicaci\u00f3n de plaguicidas por los posibles da\u00f1os que pudiera ocasionar, y menos a\u00fan el test de juridicidad a la luz de los principios generales del ambiente de raigambre constitucional, rechazando as\u00ed el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Estado provincial y en consecuencia propiciando la confirmaci\u00f3n de la sentencia recurrida donde se declar\u00f3 la nulidad parcial del Dec. N\u00ba 4407\/18, lo que deja sin efecto las distancias all\u00ed dispuestas.<\/p>\n
En tanto, Mizawak sostuvo en su voto que los accionantes hab\u00edan optado por otros procesos judiciales \u2013denuncia de incumplimiento de lo dispuesto en aquel fallo (incidente de ejecuci\u00f3n de sentencia)- tanto ante la Sala N\u00ba 1 del STJER como ante el juez que lo hab\u00eda dictado; y que reci\u00e9n, ante el resultado adverso pero sin agotar esa v\u00eda, extempor\u00e1neamente recurrieron al amparo, que es un proceso de excepci\u00f3n.<\/p>\n
Asimismo Mizawak entendi\u00f3 \u201cque al cuestionarse la constitucionalidad de un decreto, dictado por autoridad competente en ejercicio de las funciones legalmente conferidas, el procedimiento judicial id\u00f3neo que prev\u00e9 el ordenamiento aplicable y al que debieron ocurrir los amparistas, era la acci\u00f3n de inconstitucionalidad; proceso en el cual se pod\u00edan dictar medidas cautelares, como disponer prohibiciones de fumigar en determinadas distancias para prevenir cualquier posible da\u00f1o que pudiera ocasionarse a los ni\u00f1os y docentes que concurren a las escuelas rurales, siendo ese el \u00e1mbito adecuado para analizar y solucionar las cuestiones planteadas\u201d.<\/p>\n
Entre otros argumentos sostuvo que \u201clo decidido de ninguna manera implic\u00f3 convalidar lo dispuesto en la norma cuestionada o pronunciase sobre la inocuidad de las prohibiciones fijadas para la salud del grupo que se intent\u00f3 proteger, que como colectivo vulnerable, en especial los ni\u00f1os, merecen un especial resguardo; sino s\u00f3lo de considerar que el procedimiento judicial seleccionado no era el adecuado para resolver lo pretendido y que se debi\u00f3 culminar el procedimiento intentado \u2013ejecuci\u00f3n de sentencia- o recurrir a la acci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d.<\/p>\n
Por su parte, Carubia adhiri\u00f3 a las conclusiones de Giorgio, expresando las razones por las que no consideraba que existieran otros procedimientos judiciales m\u00e1s id\u00f3neos que el de la acci\u00f3n de amparo para resolver el caso, la imposibilidad de entender que la parte actora hab\u00eda ocurrido a otra v\u00eda procedimental alternativa, habida cuenta la improponibilidad de la intentada para la obtenci\u00f3n del mismo fin y la necesaria flexibilizaci\u00f3n del plazo de caducidad de la acci\u00f3n de amparo.<\/p>\n
Esto conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de la Naci\u00f3n, en atenci\u00f3n a la gravedad y delicadeza de los derechos fundamentales en juego; coincidiendo en lo sustancial \u00edntegramente con las consideraciones del vocal ponente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
As\u00ed se rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Estado provincial y se confirma la sentencia a favor del amparo interpuesto por el Foro Ecologista y Agmer, por el que se declar\u00f3 la nulidad del decreto N\u00ba 4407\/18 y deja sin efecto las distancias de fumigaci\u00f3n sobre escuelas rurales all\u00ed dispuestas.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":24802,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[10,6],"tags":[64,191,81,236,147,120,818],"class_list":{"0":"post-33700","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-campo","8":"category-entre-rios","9":"tag-agmer","10":"tag-agricultura","11":"tag-entre-rios","12":"tag-fumigaciones","13":"tag-justicia","14":"tag-produccion","15":"tag-productores"},"yoast_head":"